Los parientes, que se instalaron en una caminería cercana a la legación diplomática, aseguran que no se moverán del sitio hasta ser recibidos por el encargado de negocios, John Barrett.
“Para nadie es un secreto que los representantes de este Gobierno, después de lo sucedido el 3 de enero, están recibiendo órdenes del Gobierno de los Estados Unidos”, indicó a EFE Francis Quiñones, familiar del sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Jonathan Rafael Franco Quiñones, en referencia a la captura ese día de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
“Entonces es la embajada quien nos debe de ayudar a nosotros, ya que le está dando directrices al Gobierno de Venezuela y le debe exigir que los termine de liberar”, continuó.
Quiñones pasó, antes del domingo, 150 días protestando por la libertad de los presos políticos frente a la sede de la cárcel de El Helicoide, señalada como centro de torturas por opositores y aparentemente cerrada el miércoles de la semana pasada, cuando fueron trasladados a otros centros penitenciarios los detenidos que estaban allí recluidos.
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El traslado se llevó a cabo luego de denuncias de ONG de que en el centro todavía quedaban presos políticos, pese a que en enero la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, ordenó su clausura y posterior transformación en un centro deportivo en el marco de una serie de anuncios de excarcelaciones.
Recientemente, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, declaró que El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, había sido cerrado.
El miércoles un grupo de familiares de más de 80 detenidos por un presunto caso de contrabando en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) se sumaron a esta protesta cerca de la embajada.
Según la ONG Foro Penal, líder en la defensa legal de los presos políticos, en el país hay 389 de estos detenidos.