En un territorio de apenas siete kilómetros cuadrados y unos 38.000 habitantes, se ha pasado de mil solicitudes anuales a 3.000 en solo tres meses.
En declaraciones a un grupo de medios, el ministro principal gibraltareño, Fabián Picado, avisa de que las autoridades serán "mucho más" rigurosas y los solicitantes tendrán que acreditar "una relación real" con Gibraltar, lo que incluye un vínculo económico para contribuir también a la Seguridad Social y a otras prestaciones públicas.
El objetivo es impedir que alguien pueda simplemente "comprar" un salvoconducto para transitar por el espacio Schengen europeo de libre circulación de personas tras llegar a Gibraltar en virtud del acuerdo entre el Reino Unido, la UE y España, publicado en febrero pasado.
Son requisitos recién aprobados, como tener un contrato y un sueldo de 43.000 euros, vivienda habitual en alquiler o compra y menos de 55 años para obtener la residencia.
A menos de un mes de implementarse el acuerdo, supondrá, entre otras cosas, el derribo de la verja fronteriza con España (levantada por los británicos en 1909), país que sigue reclamando la soberanía de Gibraltar.
Habrá una ceremonia el 15 de julio, todavía por concretar, aunque lo importante, subraya Picardo, es el compromiso de no posponer la fecha, "que pasará a la historia buena de las relaciones entre España y Gibraltar", que son quienes más tienen que perder "si no sale bien".
En todo caso, el tratado, que se acordó el 11 de junio de 2025, debe ser firmado por el Reino Unido y la Comisión Europea antes de derribar la verja, y se sopesa la fecha del 13 de julio, pero podría ser antes o un día después, según el ministro principal.
Sobre la preocupación de mayor inseguridad por un acceso ya sin controles, Picardo asegura que están preparados para la nueva situación y se ha invertido "muchísimos recursos", por ejemplo en cámaras en el aeropuerto que identifican biométricamente a las personas que puedan estar en las bases de datos de Interpol, y se está tendiendo una red de cámaras en todo Gibraltar.
Según Picardo, dos policías españoles y dos gibraltareños serán los encargados del control de pasaportes a la entrada y a la salida del Peñón en el punto que se ha habilitado en el aeropuerto para las verificaciones de entrada en el espacio euroeo Schengen.
Así, con la entrada en vigor provisional del tratado, desaparece el histórico control de pasaportes en la verja fronteriza, y habrá un control dual solo en el aeropuerto y también para quien llegue en barco.
El desmantelamiento de la verja, que prevé la libre circulación de personas y mercancías, beneficiará a los 300.000 españoles que viven en la zona limítrofe y los 15.000 trabajadores transfronterizos que a diario sufren, según la hora, unas hileras inmensas para cruzar.