El Post cita una evaluación de la Administración de Control de Drogas (DEA en inglés), sin publicar hasta el momento, que advierte que estos bombardeos no han afectado el suministro ni el precio de este estupefaciente y han llevado a que los grupos criminales desarrollen nuevas estrategias y tácticas para transportar drogas.
Los narcotraficantes habrían dejado de usar lanchas rápidas en sus operaciones, que ahora evitan aguas internacionales, para optar por embarcaciones de mayor tamaño y rutas cercanas a las costas, donde existe una menor probabilidad de ser atacados por los estadounidenses.
De acuerdo con el rotativo, funcionarios del Pentágono comunicaron a legisladores en una sesión informativa a puerta cerrada que los ataques “no habían reducido la pureza de la droga”.
En lugar de barcos, los narcotraficantes han aumentado el uso de aeronaves desde pistas clandestinas en la frontera entre Colombia y Venezuela, para dirigirse al este, pasando por Guyana y Surinam, y así buscar eludir a las fuerzas estadounidenses, según la evaluación de la DEA reportada por el Post.
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“Cuando aprietas un globo por un lado, siempre se expande por el otro. Siempre encuentran los puntos débiles y los explotan”, dijo al diario un funcionario de la DEA bajo condición de anonimato.
La Administración del presidente Donald Trump comenzó en septiembre de 2025 la operación ‘Lanza del Sur’ contra el narcotráfico, primero en aguas del Caribe y luego en el Pacífico oriental, como una ofensiva regional contra el narcotráfico.
Este operativo también tuvo como objetivo aumentar la presión en torno al depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, antes de que las fuerzas estadounidenses lo arrestaran en Caracas y lo trasladaran a un centro de detención en Nueva York a principios de enero.
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El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, afirmó al Post que la ‘Lanza del Sur’ estaba logrando su propósito y que “las organizaciones criminales transnacionales han adaptado continuamente sus tácticas” por décadas.
“Eso no indica que la presión sea ineficaz. Demuestra que estamos imponiendo fricción sistémica a sus operaciones”, añadió.
Hasta ahora, EE.UU. ha atacado 67 embarcaciones y ha causado la muerte de 221 personas, según recuentos de medios.
Las Naciones Unidas y organizaciones en defensa de los derechos humanos han calificado estos ataques como “ejecuciones extrajudiciales” y han denunciado que entre las víctimas se encuentran pescadores y contrabandistas de combustible.
Human Rights Watch advirtió la semana pasada a países latinoamericanos sobre las “graves consecuencias” de colaborar en estas acciones de Washington y reiteró que eliminar garantías no es una estrategia eficaz contra el crimen.