“Hoy (miércoles) el gobierno emite una nueva orden de aprehensión en mi contra, acusándome de supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado”, escribió Morales (2006-2019) en X.
A su juicio, el Gobierno busca responsabilizarle “de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción”.
“No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos”, agregó.
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La Fiscalía investiga a Morales por los presuntos delitos de “alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos”.
El caso, que incluye a otros dos dirigentes sindicales, fue abierto por una denuncia presentada a principios de julio por los líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico de Bolivia, a la que posteriormente se sumó el Ministerio de Gobierno (Interior).
Durante siete semanas, entre mayo y junio, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, principalmente en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines a Morales, para exigir la renuncia del presidente Paz.
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Las protestas provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, dejaron al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por la falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, y ocasionaron pérdidas económicas superiores a 3.000 millones de dólares.
Morales ha asegurado que no promovió la renuncia de Paz, pero el 24 de mayo escribió en X que el mandatario tenía solo “dos caminos” ante los conflictos, “militarizar” el país o llamar a elecciones en los próximos 90 días.
Después de lograr acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos, tras lo cual la Policía y el Ejército se desplegaron en las carreteras para retirar los obstáculos y restablecer la circulación.
Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba (centro), su bastión político y sindical, custodiado por centenares de sus seguidores para evitar que se cumpla una orden de captura en su contra por una investigación por trata agravada de personas.
En ese caso, el exmandatario está acusado por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija mientras fue presidente en 2016.
En mayo, un tribunal de la región sureña de Tarija declaró a Morales en rebeldía y dictó una nueva orden de captura porque no se presentó al inicio del juicio por este caso.