Pacheco y Chaclán, exdirectivos de la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán y considerados "presos políticos" por diversas organizaciones sociales, abandonaron la cárcel militar Mariscal Zavala luego de pagar una fianza de 160.000 quetzales (unos 20.600 dólares) cada uno, una medida impuesta por el juez penal Mynor Moto que la defensa considera desproporcionada.
A su salida, familiares y autoridades comunitarias celebraron una oración de agradecimiento para iniciar el trayecto de unos 200 kilómetros hacia Totonicapán, al oeste de la capital guatemalteca.
A unos 30 kilómetros antes de llegar a la cabecera departamental, en la Cumbre de Alaska —límite territorial y punto de entrada a los 48 Cantones—, las comunidades locales aguardan la caravana para unirse a ella y acompañar el tramo final hasta el Parque San Miguel, donde llevarán a cabo actos protocolarios y de dignificación.
"El día de hoy se marca un precedente, no para mí o para Héctor, sino para todo el pueblo de Guatemala, porque nos quieren negar el derecho a manifestar y pelear por nuestros derechos", declaró Pacheco al salir del penal.
Ambos son procesados por terrorismo, obstrucción a la acción penal y asociación ilícita tras encabezar los bloqueos masivos de octubre de 2023 en rechazo a las acciones de la Fiscalía, que buscaba anular los resultados electorales en los que resultó electo el hoy presidente, Bernardo Arévalo de León.
La reclusión preventiva de más de 15 meses superó el límite legal de un año fijado por la legislación guatemalteca, en un caso denunciado como "criminalización" por defensores de derechos humanos y enmarcado en la persecución ejercida por la exfiscal general Consuelo Porras, sancionada por corrupción por EE.UU. y la Unión Europea, quien dejó el cargo en mayo tras ocho años de gestión.
"Esperaríamos que este nuevo Ministerio Público sea más objetivo y revise que los hechos que sucedieron en el 2023 fue una protesta social, no fueron actos de terroristas", afirmó el abogado defensor Juan Castro, del Bufete para Pueblos Indígenas.
Las medidas sustitutivas incluyen la prohibición de salir del país, firmar mensualmente ante la Fiscalía y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, por lo que Pacheco no podrá reincorporarse al Viceministerio de Energía y Minas, cargo que ocupaba antes de su captura.