El Tribunal de Distrito de Helsinki dictaminó en octubre pasado que no tiene competencia para juzgar a los tres oficiales del buque que estaban imputados en la causa judicial, dado que la rotura de las infraestructuras submarinas ocurrió en aguas internacionales.
Según este tribunal, los daños a los cables se debieron a una negligencia y no a un sabotaje, por lo que, según el derecho marítimo internacional, el caso debería ser juzgado en el país donde está registrado el petrolero (las Islas Cook) o bien en los países de origen de los oficiales.
No obstante, la corte de apelación consideró que los presuntos delitos se cometieron en la zona económica exclusiva de Finlandia y fue este país el que sufrió las consecuencias de los mismos, por lo que la Justicia finlandesa tiene jurisdicción para determinar la posible responsabilidad penal de la tripulación del buque.
"A diferencia de lo que consideró el juzgado de primera instancia, el Tribunal de Apelación estima que las autoridades judiciales finlandesas son competentes para investigar la acusación presentada por el fiscal contra la tripulación del buque, así como otras reclamaciones", señaló la corte en un comunicado.
Tras la decisión del tribunal, que puede ser recurrida ante el Supremo finlandés, el juzgado de primera instancia de Helsinki deberá reabrir el proceso judicial, uno de los primeros que se celebran contra presuntos autores de sabojates contra infraestructuras críticas europeas por parte de buques de la "flota fantasma" rusa.
El capitán y los dos primeros oficiales del petrolero Eagle S, de nacionalidad georgiana e india, fueron imputados por la Fiscalía General de Finlandia como presuntos autores de dos delitos agravados de sabotaje e interferencia en las telecomunicaciones, después de que el buque seccionara con su ancla el cable submarino de alta tensión Estlink 2 y cuatro cables de fibra óptica entre Finlandia y Estonia.
El incidente, ocurrido el 25 de diciembre de 2024, inutilizó durante seis meses la conexión eléctrica y obligó a reparar las cinco infraestructuras, lo que causó a las compañías propietarias un perjuicio económico de al menos 60 millones de euros sólo en gastos de reparación.