La renuncia de la magistrada, quien ocupaba el cargo desde 1988, fue aceptada por la Asamblea Nacional (Parlamento) a través de una certificación.
Se suma así a los magistrados Yadira Centeno, Ellen Lewin, Armengol Cuadra, Virgilio Gurdián, Manuel Martínez, Armando Juárez, Marvin Aguilar y Gerardo Arce, quienes también dimitieron recientemente alegando motivos de salud o jubilación.
Ramos, que según la prensa local había sido desalojada de su oficina por la Policía Nacional desde octubre de 2023, comunicó a través de una carta su decisión de presentar su renuncia al cargo de magistrada y presidenta de la Corte Suprema de Justicia, cargo que tuvo "el honor y la responsabilidad de desempeñar como militante del Frente Sandinista" de Liberación Nacional (FSLN).
"Esta decisión marca el cierre de una etapa profundamente significativa de mi vida. Desde mi incorporación a esta institución, he dedicado gran parte de mi trayectoria profesional a servirla con compromiso, responsabilidad y profundo respeto por los principios, objetivos y valores que representa", señaló.
También, explicó que después de tantos años de servicio, "y atendiendo únicamente a razones de salud" que requieren de su "tiempo y cuidado", considera que ha llegado el momento de concluir sus responsabilidades institucionales y acogerse a su jubilación y familia.
"Me retiro con la satisfacción de haber procurado cumplir cada responsabilidad que me fue encomendada con lealtad, entrega y vocación de servicio", indicó.
Los nueve jueces que renunciaron, según analistas y opositores nicaragüenses, respondían al antiguo comandante de la revolución Bayardo Arce Castaño y al exjefe de la Seguridad del Estado Lenín Cerna, ambos exasesores de Daniel Ortega, y el primero arrestado e investigado por el Estado por corrupción.
Esos magistrados fueron sustituidos por jueces leales a la esposa de Ortega y copresidenta, Rosario Murillo.
Desde febrero de 2025, la Corte Suprema quedó integrada por 10 magistrados debido a una profunda reforma a la Constitución que disminuyó el número de jueces, que era de 16.
Esa reforma constitucional, junto a la Ley Orgánica del Sistema Judicial de la República de Nicaragua, faculta a Ortega y Murillo a nombrar al titular de la Corte Suprema de Justicia por un período de seis años.
Esa norma, que derogó la Ley Orgánica del Poder Judicial, subordina el Sistema de Justicia a la Presidencia de la República.