Un panel de tres jueces del Primer Tribunal de Apelaciones confirmó en gran medida el fallo de un tribunal inferior del Distrito Federal en Massachusetts, que determinó como ilegal la política emitida el año pasado.
La norma establece que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) no estaba obligado a informar a los extranjeros que serían expulsados a terceros países, siempre que sus gobiernos aseguraran que los deportados no serían perseguidos ni torturados.
«El derecho de una persona a impugnar su traslado a un país, basándose en el temor a sufrir persecución en dicho país, carece de valor si no se le notifica previamente el destino previsto para el traslado y no se le brinda una oportunidad real de impugnar ese destino», escribió el juez Seth Aframe en nombre del panel, que votó por unanimidad en contra de la norma.
Aframe subrayó que tanto la ley como los reglamentos establecen procedimientos de audiencia para las solicitudes basadas en el temor a la persecución, sin contemplar excepciones para los traslados a terceros países.
«Rechazamos los intentos del Departamento de Seguridad Interna de inventar tal excepción de la nada», dictaminó el panel de apelaciones.
El Gobierno Trump ha mantenido varios pulsos judiciales por la expulsión de inmigrantes a terceros países, como se llama a los países que no son los designados en la orden de deportación de un inmigrante.
Trump ya recurrió a la Corte Suprema sobre este caso y el máximo tribunal le permitió continuar con las expulsiones de inmigrantes a terceros países, mientras el litigio sigue su curso.
Se espera que la Casa Blanca repita la estrategia legal y acuda incluso a las últimas instancias para revertir el fallo del panel de apelaciones.