El anuncio se enmarca en el acuerdo político alcanzado en mayo entre el Ejecutivo comunitario y el nuevo Gobierno húngaro que lidera Peter Magyar, tras años de confrontación entre Bruselas y la administración de Viktor Orbán a cuenta de su deriva autoritaria.
La Comisión Europea ha tomado esta decisión tras evaluar las medidas adoptadas por Budapest y concluir que con ellas "ha atajado las debilidades y deficiencias identificadas previamente en ámbitos como la contratación pública, el marco contra la corrupción, los riesgos de conflictos de interés y la efectividad de la Fiscalía", según informó en un comunicado.
En concreto, valora el refuerzo de las competencias de la Autoridad de Integridad y su acceso a información, la creación un sistema integral de declaración de bienes, la ampliación del control judicial sobre las decisiones de autoridades de investigación y enjuiciamiento y el refuerzo "significativo" de los controles sobre fondos de la UE, entre otras cuestiones.
Además, la Comisión subraya que la adhesión de Hungría a la Fiscalía Europea y sus nuevas normas sobre titularidad real y contratación pública "refuerzan aún más su lucha contra la corrupción y la prevención de conflictos de interés".
La propuesta de la Comisión Europea para desbloquear estos fondos -equivalentes al 55 % de la asignación de la Política de Cohesión para el periodo 2021-2027- debe ser aprobada ahora por los Estados miembros en el plazo de un mes.
Una vez completado el proceso se pondría fin a una congelación que fue acordada en 2022 y que supuso la primera utilización del llamado "mecanismo de condicionalidad" de la UE, un instrumento con el que el bloque se dotó para proteger al presupuesto comunitario frente a derivas antidemocráticas y ataques al Estado de derecho.
El acuerdo político escenificado en mayo entre Magyar y la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, un mes después de que el primero se impusiese a Orbán en las elecciones húngaras, marcó el fin de las tensiones entre Bruselas y Budapest y abrió el camino a la liberación de 16.400 millones que permanecían bloqueados.
La mayor parte, unos 10.000 millones, correspondían al plan de recuperación, mientras que 4.200 millones eran los fondos de la Política de Cohesión que ahora Bruselas propone desbloquear y otros 2.200 estaban condicionados a reformas a favor de la libertad académica.