La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de Costa Rica detalló que los sospechosos fueron detenidos en la localidad de San Rafael, provincia de Alajuela, a unos 25 kilómetros al oeste de San José, por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
Las víctimas son dos menores de edad venezolanos que fueron captados en el 2017 y de quienes los acusados figuraron ser sus garantes, previas coordinaciones y aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, explicó la DGME.
"Los investigados se aprovecharon de la vulnerabilidad de las personas víctimas para otorgarles funciones laborales en diferentes locales comerciales, las cuales debían realizar por jornadas mayores a 12 horas, sin días de descanso, sin tiempos de alimentación, sin remuneración económica y sin aseguramiento médico, violentando así los derechos fundamentales de las personas", detalló la DGME en un comunicado.
La información oficial agrega que el hombre acusado "se encargó de mantener coaccionadas a las víctimas reteniendo sus documentos personales como sus pasaportes y evitando que salgan de los domicilios y locales comerciales a realizar cualquier actividad recreativa o social".
Por su parte, la mujer ejercía labores de control sobre las personas víctimas para que estas cumplan con las labores asignadas.
En la última década Costa Rica ha formado parte de un corredor migratorio que une a Suramérica con Norteamérica y por el que se han movilizado miles de personas de variadas nacionalidades latinoamericanas, caribeñas, africanas y asiáticas, entre las que sobresalen los venezolanos debido a la crisis económica, social y política que ha vivido su país recientemente.