"La UE está dispuesta a adoptar todas las medidas necesarias para que la Corte pueda llevar a cabo su labor, tanto en la investigación como en el enjuiciamiento de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y para proteger los intereses de los operadores de la UE en el mercado único", indicó en un comunicado la Comisión Europea.
La institución recordó que la UE "siempre ha apoyado a la CPI", y consideró que es "profundamente lamentable que Estados Unidos haya anunciado su intención de imponer sanciones".
En cualquier caso, puso de relieve que, dado que hay un plazo de seis meses antes de que las medidas sean aplicables, "existe margen para el diálogo".
La Comisión aseguró que la UE "colaborará estrechamente con la CPI para garantizar que siga funcionando de manera eficaz".
También declaró que mantendrá el compromiso de colaborar con los 125 Estados que son partes del Estatuto de Roma -fundacional de la CPI- para "preservar y respetar su independencia, de modo que pueda continuar con su misión fundamental".
La corte, con sede en La Haya, rechazó este viernes "firmemente" las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra el tribunal como "institución", y advirtió de que la medida supone "un ataque al Estado de derecho" que busca "perturbar" su funcionamiento e "intimidar" a quienes trabajan en la CPI.
"Es un intento de obstaculizar el curso de la justicia y de impedir que la Corte haga aquello para lo que fue creada", denunció la CPI, que recordó que el tribunal fue establecido mediante un tratado internacional y cuenta con 125 países miembros.
La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes sanciones a la corte apenas horas después de que se conociera que el premio Nobel de la Paz había recaído en una de sus exjuezas, la sudafricana Navi Pillay.
Recordó que, hasta la fecha, EE. UU. ha impuesto sanciones a 17 personas, y aseguró que las medidas adicionales de hoy están encaminadas a "defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa la CPI".
La Corte Penal Internacional es un organismo independiente fundado en 2002 para perseguir y juzgar crímenes de guerra, del que forman parte 125 países, incluidos todos los de la UE y la OTAN, excepto Estados Unidos y Turquía.
Washington incluyó a la propia CPI en su régimen de sanciones, lo que se suma a las medidas impuestas hasta ahora contra 17 personas vinculadas a la institución, entre ellas jueces y fiscales.
La Corte investiga y juzga a individuos por genocidio, crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión -incluidos estadounidenses- cuando tiene la jurisdicción que le otorga su tratado fundacional, el Estatuto de Roma.