"Permitir el uso de píldoras abortivas es un paso importante, pero los legisladores surcoreanos deben asegurarse de que las regulaciones no sean tan restrictivas que los abortos resulten inaccesibles y económicamente inasequibles", afirmó Susanne Bergsten, asistente de investigación sobre los derechos de las mujeres de HRW, en un comunicado.
Bergsten añadió que el acceso a un aborto seguro es esencial para proteger "la autonomía, la salud y los derechos de las mujeres y las niñas".
El aborto quedó despenalizado en Corea del Sur en 2021 tras un fallo constitucional de 2019, pero sigue pendiente una regulación integral.
El Gobierno anunció en septiembre de este año un plan para introducir el medicamento Mifegymiso, que incluye mifepristona y misoprostol, en el primer trimestre de 2027, inicialmente bajo prescripción y dispensación médica, ante la circulación clandestina de productos de seguridad no verificada.
La iniciativa siguió a una petición del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, de estudiar vías para permitir el uso seguro de estos medicamentos incluso antes de completar la reforma legal.
La propuesta limitaría, durante los dos primeros años, el aborto farmacológico a las primeras nueve semanas de embarazo y restringiría la prescripción y dispensación del medicamento a médicos de grandes hospitales. En caso de que no se detecten efectos secundarios, se prevé una distribución más amplia tras el período de prueba, explicó la oenegé sobre la iniciativa surcoreana.
"Estas restricciones son incompatibles con las mejores prácticas, que avalan el uso de estos medicamentos hasta las 12 semanas, y con las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) de que se autorice a un amplio abanico de profesionales sanitarios para realizar abortos médicos", dijo HRW.
La organización defensora de los derechos humanos también señaló que la mifepristona está autorizada en alrededor de un centenar de países y que las complicaciones graves que requieren hospitalización tras un aborto farmacológico ocurren en menos del 1 % de los casos.
HRW instó a reformar la legislación, incluir estos servicios en el seguro nacional de salud y eliminar requisitos de consentimiento de parejas o progenitores.
La organización, asimismo, cuestionó el sistema surcoreano de asesoramiento para embarazos no deseados por ofrecer información insuficiente y poco imparcial sobre el aborto, y reclamó mayor apoyo sanitario y económico a las embarazadas, así como educación sexual integral.