En el fallo, que tiene fecha del 15 de octubre pero que fue difundido esta domingo por defensores de derechos humanos, el alto tribunal analiza sentencias que resolvieron acciones de habeas corpus presentadas a favor de estos presos que alegaron golpes, desnudez forzosa y otro tipo de maltratos dentro de los centros penitenciarios.
Se trata de dos mujeres, una ecuatoriana y otra venezolana, que estaban cumpliendo en ese entonces una sentencia en la cárcel de la provincia andina de Azuay, y de un hombre de nacionalidad dominicana que estaba recluido en la cárcel de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Según las querellas presentadas ante la Corte, estas personas denunciaron haber sufrido "tratos vejatorios, degradantes, crueles" y "agresiones físicas" por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, lo que fue negado por la institución militar y por las direcciones de las cárceles.
Sin embargo, los jueces determinaron que el Estado no logró desvirtuar las denuncias de los afectados, por lo que declaró la vulneración del derecho a la integridad personal y a no ser víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes de las tres personas.
Además, la Corte Constitucional ordenó que se le pague 3.000 dólares a cada una de las víctimas y que se les garantice atención psicológica gratuita a las dos mujeres, que ya salieron de prisión.
Para el hombre, que aún permanece en la cárcel, dispuso tratamiento psicológico y una valoración médica integral con chequeos rutinarios, entre otras reparaciones.
El fallo también dispuso que el Ministerio de Defensa emita disculpas públicas a estas tres personas por "las violaciones cometidas en su contra en el marco de la declaratoria de estado de excepción" de enero de 2024 y que, junto al Ministerio del Interior, capaciten a todo el personal operativo y administrativo para que "sus actuaciones se guíen por el respeto a los derechos humanos y apliquen enfoque de género".
Así mismo, la Corte estableció parámetros que deben observarse cuando se dispone la intervención de las Fuerzas Armadas en las cárceles bajo estado de excepción y ordenó a la Fiscalía que inicie las investigaciones correspondientes por los hechos descritos en la sentencia.
El presidente Noboa declaró en 2024 al país bajo un estado de conflicto armado interno para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia que registra el país andino en los últimos años.
Bajo esa medida, que ha incluido la intervención de las prisiones y sucesivos estados de excepción, organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado casos de supuestos maltratos y desapariciones forzadas por parte de las fuerzas de seguridad.
