BOGOTÁ. Los detenidos, identificados como Johan Carreazo y Carlos Ibargüen, fueron procesados por los delitos de “acceso carnal violento, feminicidio, homicidio agravado, tortura y tráfico de migrantes”, dijo la Fiscalía en un comunicado.

“Los hechos investigados se presentaron el pasado 8 de septiembre en el sitio Matuntugo, en pleno Golfo de Urabá (noroeste), donde fueron asesinados con arma blanca una pareja de ciudadanos cubanos que pretendían llegar a Panamá por el Tapón del Darién, con destino final Estados Unidos”, apuntó el ente acusador.

Según la investigación, las víctimas habían salido de Cuba hace unos tres meses, entraron a Colombia por la frontera venezolana y estuvieron en el país unas dos semanas antes de decidir continuar por tierra hacia Centroamérica.

La denuncia de las muertes fue hecha por el también cubano Liober Santos, quien dijo ser novio de la mujer fallecida y amigo de la otra víctima.

Según el relato de Santos, los “coyotes” les cobraron 1.500 dólares a cada uno por ayudarles a cruzar la frontera, pero cuando iban rumbo a la selva “exigieron más dinero”. “Como no tenían nada para darles, los despojaron de sus pertenencias personales, abusaron sexualmente de la joven (novia del denunciante) y posteriormente la asesinaron con cortes en el cuello y el abdomen, así como al amigo que los acompañaba”, relató la Fiscalía.

Santos, de 33 años, aseguró que “después de presenciar todo lo ocurrido logró huir del lugar”. Tras su denuncia, las autoridades encontraron los “dos cadáveres amarrados a un tronco, sumergidos en el río” y este sábado capturaron a los presuntos homicidas en posesión de “elementos personales de las víctimas, como celulares, bolsos, prendas de vestir y dinero”.

Tras el incremento de controles fronterizos en Centroamérica, desde mediados de mayo pasado quedaron represados en Colombia cientos de migrantes cubanos que buscaban llegar a Estados Unidos para aprovechar las ventajas que ese país les ofrece apenas pongan un pie en su territorio.

La mayoría siguió su viaje de manera ilegal a comienzos de agosto hacia Panamá, luego de que el gobierno colombiano les advirtiera que si no salían por sus medios del territorio serían deportados.