Según datos de junio de este año que recoge un comunicado de la Defensoría, hay 14.816 reclusos en las cárceles bolivianas, que enfrentan graves problemas de hacinamiento y, en algunos casos, de violencia e inseguridad

Esta circunstancia, unida a que el 68,97 % de las personas privadas de libertad en el país está pendientes de recibir una sentencia judicial y muchos de los reclusos que la tienen enfrentan penas por delitos leves como hurto o distribución de drogas a pequeña escala, son los argumentos para promover indultos.

El Gobierno boliviano, encabezado por el presidente Evo Morales, ya promulgó tres decretos de este tipo, llamados “de amnistía, indulto parcial e indulto” en los años 2012, 2013 y 2015, para sacar de las cárceles a presos con sentencias por delitos de poca gravedad o con juicios pendientes por las mismas causas.

En total, 2.794 personas se beneficiaron de estas tres normas y la Defensoría lleva meses trabajando en la propuesta de un nuevo decreto.

En 2012 el porcentaje de reclusos sin sentencia alcanzaba el 84 % de la población penitenciaria, por lo que la Defensoría del Pueblo valoró la situación actual como “un avance”.

Sin embargo, señala el comunicado, “no se tuvieron los resultados esperados” con los anteriores decretos en cuanto a la reducción del hacinamiento.

La Defensoría del Pueblo aún no dispone de una estimación de las personas que se beneficiarían del decreto, de aprobarse.