Los comercializadores de esos productos, muchos de ellos procedentes de otras ciudades del interior, marcharon desde la vecina ciudad El Alto y tras recorrer el centro realizaron un cabildo en pleno centro urbano para explicar su posición.

El decreto “nos ha satanizado. Estamos con toda nuestra fuerza, para exigirle al gobierno que respete nuestra fuente de trabajo. Vamos a identificar a los traidores y a expulsarlos”, declaró uno de los oradores, Tomás Quispe, dirigente de los “ropavejeros”, quien anunció que presentaron un proyecto al gobierno para formalizar ese negocio que involucra a miles de personas en todas las ciudades del país, comprometiéndose a tributar y emitir facturas.

Según Martin Pista, también dirigente, “no sabemos si está ingresando o no más ropa usada. Sólo queremos dialogar y por decisión del último ampliado, hemos decidido movilizarnos hasta que se abrogue el decreto”.

La ministra de Desarrollo productivo, Teresa Morales, reiteró la semana pasada que no se derogará el decreto que prohíbe importar y vender ropa a medio uso de distinto origen que llega por puertos chilenos que se vende en varias ciudades bolivianas.

Pero la semana pasada, el diputado Ever Moya, disidente del gobernante Movimiento al Socialismo, presentó un proyecto de ley levantando la prohibición y estableciendo un régimen impositivo especial.

Según Moya, su proyecto beneficiará a “más de 300.000 familias” que viven de ese negocio porque “el plan de reconversión productiva impulsado por el gobierno no funcionó”.

Al mismo tiempo, la confederación de la micro y pequeña empresa se declaró en estado de emergencia, calificó política la movilización de “los ropavejeros” que constituye un “intento de chantaje al gobierno”, a tres semanas de las elecciones.

Víctor Ramírez, presidente de los pequeños empresarios, explicó que ese negocio “está lacerando la industria nacional.”

“Miles de compañeros han migrado a otros países por culpa del contrabando. No queremos más basura americana”, afirmó.

Los empresarios anunciaron que se mantendrán “en vigilia permanente” y recordaron que “uno de los pilares” de la propuesta electoral del gobierno “es la economía productiva”.