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Vestida de traje pantalón, sonriente y saludando a las cámaras, Cristina Kirchner acudió a la sede de los tribunales en Buenos Aires para declarar ante el juez Claudio Bonadio, quien está a la espera de una decisión del Senado para allanar sus domicilios.
La residencia de la pareja Kirchner en Buenos Aires figura como punto de entrega de bolsos con dólares en efectivo que grandes empresarios argentinos dieron supuestamente a cambio de adjudicaciones en obras públicas, según el relato del exchofer Oscar Centeno, quien habría realizado varios de esos viajes entre 2005 y 2015.
Otros lugares mencionados son la sede de gobierno, Casa Rosada, y la residencia presidencial de Olivos. Centeno, quien trabajó para el entonces viceministro de Planificación, Roberto Baratta, llevó una detallada bitácora de los recorridos que hizo durante diez años cargado de millones de dólares.
Esas anotaciones se conocen como los “cuadernos de la corrupción”, a partir de los cuales se abrió la causa judicial por la que ya hay ocho exfuncionarios kirchneristas detenidos y una veintena de empresarios implicados.
La exmandataria de centro-izquierda y actual senadora está amparada por los fueros parlamentarios, lo que implica que puede ser imputada y condenada pero no detenida, a menos que el Congreso le retire la inmunidad.
Ante el juez Bonadio, se espera que este lunes entregue un texto escrito y que no responda preguntas, según adelantaron sus allegados. La víspera, Cristina Kirchner pidió a sus seguidores que se abstuviesen de acompañarla con alguna manifestación en los alrededores de los tribunales.
Bonadio investiga a Cristina Kirchner en varias otras causas, como la venta de dólar a futuro y la firma de un memorándum con Irán, vinculado con el expediente del atentado en 1994 contra la mutual judía AMIA. La expresidenta sostiene que hay “una persecución política” en su contra.
El caso involucra a los más grandes empresarios de Argentina, entre estos Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. También figuran exdirectivos de la compañía ítalo-argentina Techint y representantes de la Cámara de la Construcción.
Los empresarios detenidos se declararon como arrepentidos ante la justicia, lo que ha permitido que varios sean excarcelados. La causa depende en buena parte de la información que estos arrepentidos aporten al juez.