En un informe, HRW señaló que la Patrulla Fronteriza (CBP, en inglés) pocas veces concede que los migrantes tienen un “temor creíble” por sus vidas si regresan a su país, y la mayoría de ellos son colocados en procesos de deportación expedita.

Esa decisión, tomada en las primeras horas o días de ser capturados en la frontera, impide que los migrantes accedan a una segunda instancia en la que los casos de asilo sean evaluados con mayor detenimiento, según el texto de 37 páginas basado en entrevistas a 35 inmigrantes y datos oficiales.

La autora del informe, Clara Long, dijo en un comunicado que “la evaluación rápida del gobierno estadounidense ignora los miedos muy reales de las personas que llegan a la frontera”. “En su afán para detener la ola de migrantes de América Central, Estados Unidos está enviando a los solicitantes de asilo de regreso a las amenazas de asesinato, violación y otro tipo de violencia”, añadió.

El gobierno estadounidense ha detenido a más de 68.000 familias de inmigrantes -y un número similar de niños no acompañados- en los últimos doce meses, una oleada sin precedentes que sorprendió a las autoridades. La mayoría de los migrantes huyen de la violencia de Guatemala, El Salvador y Honduras, éste último el país con la mayor tasa de homicidios del mundo, según la ONU.

Tras la emergencia, el gobierno ha abierto o planea abrir nuevos centros de detención para familias de migrantes, en contraposición con la decisión del presidente Barack Obama de cerrar una de esas instalaciones en Texas (sur) en 2009. Para HRW esa práctica dificulta el acceso a ayuda legal y “perjudica la salud física y mental de los niños”.

La organización entrevistó a migrantes en Honduras tras ser deportados y a otros centroamericanos en varias de esas instalaciones en el sureste de Estados Unidos.

Algunos migrantes hondureños señalaron que las autoridades fronterizas desestimaron sus temores de regresar a su país o los presionaron a abandonar sus reclamos. Otros que avanzaron a las entrevistas de asilo se sentían intimidados o no entendían los procedimientos migratorios, indicó la organización de derechos humanos.

Según el informe, “las experiencias que describieron y los miedos que expresaron debieron conducir a las autoridades estadounidenses a escrutar suficientemente sus casos antes de ser deportados a sus países”.

Pero al ser colocados en deportación expedita no tienen oportunidad de ser escuchados por funcionarios de asilo o un juez de inmigración. Además las autoridades del Departamento de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) no están obligadas a detectar casos de asilo.

“Estas revisiones superficiales impiden identificar efectivamente a las personas que huyen de serios riesgos a sus vidas y su seguridad”, indicó HRW.

Los testimonios están soportados en datos oficiales obtenidos por la organización, según el informe. Solo 1,9% de los inmigrantes hondureños detenidos evitó la deportación expedita entre 2011 y 2012, con porcentajes similares (entre 0,1% y 5,5%) para Guatemala, El Salvador y México.

En comparación, 21% de migrantes de otros países fueron considerados para evaluaciones de asilo por la Patrulla Fronteriza.