“La seguridad jurídica es una exigencia ineludible de cualquier inversión extranjera en Bolivia”, declaró el ministro de Industria español, José Manuel Soria, en una entrevista publicada este domingo por el diario ABC.

Una postura también adoptada por el ministerio español de Asuntos Exteriores en un comunicado publicado el sábado por la noche.

“Lamento esta decisión realizada sin previa notificación a las autoridades españolas, que se han visto sorprendidas por la medida”, añadió Soria.

Las autoridades españolas, como ya hizo Iberdrola el sábado, pidieron a Bolivia que establezca “la justa indemnización” para el grupo español.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció el sábado la nacionalización de las compañías de electricidad Electropaz, instalada en La Paz, y Elfeo, situada en Oruro, ambas gestionadas por Iberdrola, además de las dos empresas de servicios Cadeb y Edeser.

Morales prometió una indemnización justa a la compañía española. Esta expropiación se suma a otras adoptadas por el mandatario boliviano desde que asumió la presidencia en 2006, que han afectado a intereses de empresas españolas, así como brasileñas, argentinas o francesas, entre otras, la mayoría en el sector de los hidrocarburos.