El otrora grupo rebelde, que firmó la paz después de medio siglo de fallida lucha por el poder en Colombia, está en camino de convertirse en partido político y prevé desarrollar varios proyectos productivos para emplear a sus integrantes, incluido el de desminado.
“Aspiramos llegar a 1.000, 1.200 integrantes de la organización para estos efectos”, dijo Pastor Alape, uno de los líderes de las FARC, en una rueda de prensa en Bogotá.
El futuro movimiento político de izquierda conformó la corporación Humanicemos DH para llevar a cabo el desminado, como parte de los acuerdos de paz firmados en noviembre.
“En este momento ya está constituida la organización que se va a encargar del desminado humanitario. Un grupo considerable de excombatientes va a encontrar la posibilidad económica de hacer la reincorporación colectiva”, dijo Carlos Antonio Lozada, otro de los dirigentes de las FARC, en una reciente entrevista con la AFP .
Los exguerrilleros podrán recibir por esas tareas salarios que van de los 400 a los 1.000 dólares, señaló por su parte Sergio Bueno, director de la Acción Integral contra Minas Antipersonal, entidad adscrita al gobierno.
Cerca de 7.000 exguerrilleros se encuentran concentrados en 26 zonas preparando su reincorporación a la vida civil.
El Ejército y las FARC trabajaron conjuntamente en labores de desminado hasta diciembre de 2016 en la vereda El Orejón, en el departamento de Antioquia (norte), como parte de un plan piloto.
Al menos en diez de los 32 departamentos (provincias) de Colombia hay minas sembradas, según estimaciones de la exguerrilla.
Los excombatientes “que se vinculan son de manera voluntaria, consciente y en su mayoría con conocimiento de la contaminación en diferentes zonas”, señaló Ángela Ortega, de la corporación Humanicemos DH.
Desde 1990 se han registrado más de 11.000 víctimas de minas antipersonal en Colombia, según un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Tras el fin del conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el gobierno de Juan Manuel Santos intenta negociar un acuerdo similar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), único grupo guerrillero activo.
Las dos organizaciones son responsables de la mayoría de campos minados en Colombia, según la investigación.