La Asociación de Kioscos y Sub-Agentes de Quinielas apoya su reclamación en los datos de un informe de 2014 elaborado por la consultora IPSOS, dedicada a realizar estudios de mercado con base en encuestas telefónicas, en el que se indica que el tabaco de contrabando supone el 31,2 % del volumen total de ventas.

Entre las cifras de este informe también destaca que en los departamentos uruguayos fronterizos con Brasil el volumen del contrabando llega al 78 % del volumen total de cigarrillos comprados y son consumidos por el 76,4 % de los fumadores.

Uruguay cuenta desde 2006 con una estricta legislación antitabaco que vino de la mano de un sensible aumento de los impuestos sobre este producto, normativa promovida por el presidente Tabaré Vázquez, oncólogo de profesión, durante su primer Gobierno.

En enero de 2015, el Gobierno del entonces presidente José Mujica (2010-2015) incrementó el gravamen sobre el tabaco por primera vez en los cinco años de esa legislatura a través del aumento del Impuesto Específico Interno (IMESI) .

Esto ha provocado un aumento del contrabando de tabaco debido a que una cajetilla que cuesta en torno a 80 pesos (2,93 dólares) en un comercio homologado, en el mercado ilegal se puede obtener por alrededor de 25 pesos (0,91 dólares) .

La organización expresó en un comunicado que las “ medidas regulatorias extremas no son una solución ” , y por ello instan a las autoridades a que realicen “ una campaña de educación al consumidor ” para que los ciudadanos abandonen la compra de productos ilegales.

Esta asociación valoró que el contrabando de cigarrillos tiende a “ agravar el problema sanitario ” ya que estos productos no cumplen con las legislaciones sanitarias vigentes y que, debido a su bajo precio, son “ más accesibles ” a la población más joven y de más bajos recursos, a la cual consideraron como la “ más vulnerable ”

El Día Mundial Sin Humo, organizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) , se celebra cada 31 de mayo, una coyuntura que esta asociación aprovechó para reclamar la atención del Gobierno y solicitar que su opinión sea considerada en la lucha para combatir el contrabando.