BUENOS AIRES. Organizaciones de colectividades de diversas nacionalidades latinoamericanas se convocan “para visibilizar el contexto de crisis” que están viviendo.

El Paro Migrante apunta contra una disposición para expulsar de manera inmediata a los inmigrantes acusados de cometer "delitos que merezcan, según las leyes argentinas, penas privativas de la libertad", según reza el texto.

Una de las objeciones principales es que no será necesario que un extranjero tenga condena firme para que pueda ser expulsado del país. 

La persona podrá ser retenida "preventivamente", mientras se tramita la expulsión.

Y los expulsados no podrán volver a la Argentina en un plazo de cinco a ocho a años (según informa el diario argentino Clarín) o de por vida.

Ese decreto “nos criminaliza, quita derechos e invisibiliza nuestro aporte a la economía argentina, sobre todo en un contexto de ajuste económico que afecta a todos los trabajadores del país”, señala un comunicado firmado por Bloque Migrante, apoyado por un video en redes sociales que mezcla acentos de Bolivia, Perú, Chile, Paraguay y Colombia.

Para justificar el endurecimiento del control migratorio, el gobierno informó que el 33% de los delitos vinculados al narcotráfico son cometidos por extranjeros, pero ese porcentaje se reduce a menos de 6 si se toman los delitos en general, de acuerdo a la misma fuente.

Según un informe de 2016 de la estatal Universidad de Tres de Febrero, los migrantes aportan entre 1.000 y 1.500 millones de dólares por año en impuesto al valor agregado, en tanto que entre 2007 y 2011 generaron riqueza por entre 3.900 y 5.000 millones de dólares.

“Con este paro queremos instalar ese debate sobre nuestro rol económico, social y cultural”, explicó Juan Vázquez, del colectivo de bolivianos Simbiosis Cultural.

Argentina tiene 4,5% de población migrante entre sus 40 millones de habitantes, según datos de Naciones Unidas.