En su rueda de prensa diaria, el jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, ratificó la posición del padre Molina y anticipó que el Gobierno analiza dos iniciativas para modificar la legislación vigente, que penaliza el consumo de estupefacientes. Según Capitanich, “la no criminalización tiene que ver con nuestro hermano, que padece un problema de adicción” y señaló que la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) que encabeza Molina busca estrategias para recuperar a los adictos y reinsertarlos en la sociedad.

“No estoy de acuerdo con la despenalización y el Papa tampoco”, dijo tajante el cura villero José María di Paola, más conocido como padre Pepe. “El tema acá no es si la despenalización está bien o está mal. En este momento, plantearlo está mal. No somos un país pequeño. No somos Holanda, no somos Uruguay. Somos un país que tiene grandes sectores excluidos, entonces hablar en este caso de despenalización en inadecuado”, agregó Di Paola en radio Vorterix.

El cura villero instó al Gobierno a realizar políticas de inclusión que alejen la posibilidad de que los más jóvenes caigan en la droga ya que, según sus palabras, “ Cuando se abandonan las poblaciones, entonces los narcos empiezan a tener sus lugares propios”. “Según un estudio de la Universidad de San Martín, más de 200.000 jóvenes del gran cordón (del conurbano bonaerense) no estudian ni trabajan. Entonces, cuando la droga es una oferta cercana, puede hacer que muchos chicos empiecen en el consumo y vean la posibilidad de tenerla más cerca sin ningún tipo de problema”, señaló.

El diputado opositor Mario Barletta, de la Unión Cívica Radical, fue uno de los primeros políticos en sumarse al debate, aunque se limitó a afirmar que “hay que ver si el país esta preparado para avanzar en la despenalización de la droga”. El titular de la Sedronar afirmó ayer que si dependiese de él “habilitaría el consumo de todo y haría buenos centros, porque es la única forma que tenemos de luchar contra el narcotráfico”, afirmó Molina en declaraciones a una radio local.

La legislación vigente en Argentina castiga con prisión de uno a seis años y multa la tenencia de drogas, y la penalidad se reduce de un mes a dos años de cárcel en los casos en los que se considere que el estupefaciente era destinado al uso personal.