Según la fuente, gracias al reglamento, el Estatuto del Funcionario Público de la Administración Central aprobado en agosto de 2013 “ya se puede comenzar a aplicar” íntegramente y cada dependencia estatal “va a tener que hacer el control” de las nuevas normas internas para esos trabajadores.

El decreto reglamentario, publicado en las últimas horas en la página web de la Presidencia y firmado el pasado lunes, indica que la jornada de trabajo de ese colectivo “será de ocho horas diarias efectivas de labor y cuarenta horas semanales”.

“Los funcionarios tendrán derecho a un descanso intermedio de treinta minutos, período que integra la jornada y que será remunerado como tal”, agrega el documento.

Además, el descanso semanal no podrá ser inferior a un día de cada siete, aunque esa mecánica podrá ser modificada “en los casos que existan regímenes especiales”.

Existirán sesenta minutos mensuales de tolerancia para la llegada al puesto de trabajo y el derecho a “tres horas mensuales para usos particulares”, entre otras cosas.

Esas medidas solo afectan a los funcionarios que sean contratados a partir del 1 de enero pasado, no así a los que estaban en plantilla con anterioridad.

En 2010, pocos meses después de asumir su mandato, el presidente Mujica afirmó que “el problema” de Uruguay “es que no te dejan hacer nada”, tras intentar aumentar por decreto el número de horas diarias de trabajo en la función pública, como parte de su plan de reforma del Estado.

Posteriormente el oficialismo logró sacar adelante en el Parlamento la ley aprobada el año pasado en medio de fuertes presiones de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE).

El Estado uruguayo cuenta en la actualidad con cerca de 300.000 trabajadores, lo que representa cerca del 10 por ciento de la población total del país, de 3,3 millones de habitantes.

El reglamento firmado por el Ejecutivo uruguayo esta semana no afecta a los trabajadores públicos de las intendencias municipales, cuyos sindicatos tienen fama de ser los más duros.

En 2011, el sindicato de trabajadores de la Intendencia (alcaldía) Municipal de Montevideo rechazó una resolución de los ediles de la capital uruguaya que eliminaba una cuota de ingreso a nuevos puestos laborales del 15 por ciento para los hijos de los funcionarios.