La Corte Suprema de Justicia dispuso tras una sesión extraordinaria de sus miembros remitir una nota al Congreso, recordando que existe un acta que establece que la Corte es la única responsable de la recatergorización de sus funcionarios y que cualquier pedido que no tenga el aval del Poder Judicial no podrá ser concedido.
El inconveniente tiene origen en la reciente aprobación de una aumento salarial para el sector de médicos y psicólogos forenses y de los asistentes sociales aprobado por el Congreso, que tendrá un costo anual de G. 8.163.414.545 para la Corte.
Para cubrir dicho sobrecosto, ahora la Corte ordenó una reprogramación presupuestaria, pero por el momento queda suspendido el pago del monto del aumento, hasta tanto se defina la situación. No obstante, igualmente a pedido del ministro Alberto Martínez Simón, se remitirá la nota donde se solicita al Congreso desconocer los pedidos que no pasen por la Corte.
Esta solicitud generaría un conflicto con los gremios del Poder Judicial, los cuales están acostumbrados a presionar con huelgas cada inicio de año, exigiendo aumentos salariales.
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El presidente de la Corte, Eugenio Jiménez, justamente habría anunciado una serie de recortes presupuestarios para este año, sobre todo en lo que refiere a bonificaciones para funcionarios de la Corte.