“Brasil continúa dialogando con Paraguay para construir soluciones que contribuyan a la corrección de cualquier desequilibrio en relación con la contratación de la energía producida”, afirma un comunicado oficial de la Cancillería del vecino país, que insiste en que supuestamente no hubieron irregularidades en el proceso. Sobre todo tratan de deslindar las sospechas que apuntan al presidente Jair Bolsonaro y que a nivel local involucran principalmente al vicepresidente Hugo Velázquez.
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“Cabe señalar que el Tratado de Itaipú solo permite la venta de energía producida por la planta a Eletrobras y ANDE. Por lo tanto, no hay base para especular acerca de la posibilidad de comercializar la energía de la planta binacional por otra compañía que no sea Eletrobras y ANDE”, insiste el comunicado tratando de minimizar la presencia de la empresa Léros, que se menciona estaría vinculada a la familia de Bolsonaro, y cuyo nexo con el vicepresidente Hugo Velázquez y el seudo abogado José Rodríguez González era el senador suplente Alexandre Giordano, parte del equipo político del mandatario brasileño.
También insisten en el supuesto aprovechamiento de Paraguay por el uso preferencial de la energía excedente que le corresponde en la Binacional. Desconociendo el acuerdo firmado en 2007, donde Paraguay permitió la puesta en operación de más usinas a cambio de beneficios para nuestro país, Brasil insiste en que supuestamente Paraguay es el que viola el artículo XIII del tratado, utilizando prioritariamente la energía excedente.
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“El propósito del Acta Bilateral era establecer un contrato para la venta de energía de Itaipú de 2019 a 2022, garantizando a la planta los recursos necesarios para su operación y, en consecuencia, la estabilidad del suministro de electricidad a ambos países. De esta manera, cumpliría con el Artículo XIII del Tratado de Itaipú, que establece que los países se comprometen a contratar todo el poder proporcionado por el binacional”, sostienen.
Argumentan que el acuerdo -que fue finalmente anulado- “buscó corregir una brecha histórica en la contratación de energía de Itaipú por ANDE (Administración Nacional de Electricidad). Teniendo en cuenta que la contratación de ANDE no se ha mantenido al día con el alto crecimiento de su demanda de energía, la Ley Bilateral ha tratado de reequilibrar esta relación, para que cada parte pague por la energía que realmente consume”, acusan en el comunicado.
Esto hace entender que pese a la supuesta anulación del documento, Brasil insistirá en su posición, mientras persiste la amenaza latente de juicio político en contra del presidente Mario Abdo Benítez y el vicepresidente Hugo Velázquez. El comunicado remarca además en que supuestamente no hubo “secretismo” como sostienen principalmente exautoridades de la ANDE que renunciaron en desacuerdo ante la firma del acuerdo entreguista.