En medio de una disputa judicial iniciada por la empresa Cartellone, una de las firmas que se presentaron como licitante para construir el Brazo Aña Cua pero que no fue seleccionada, ahora la Entidad Binacional Yacyretá se encuentra envuelta en un proceso ante la justicia argentina.
Esto se debe a que la firma que no resultó favorecida, Cartellone, denunció a la que sí fue calificada, Astaldi SPA, por supuestas irregularidades, entre las que destacan que esta tiene un proceso en los tribunales de Roma por concurso de acreedores. También la acusan de supuesta colusión con otra firma perteneciente a otro consorcio que resultó perdedor, que le inyectará 225 millones de Euros para ayudarla a reestructurarse económicamente, cuando era su supuesta “rival”, en la licitación.
El caso está en manos de la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, María Rita Ailán, a quien la firma Cartellone le pidió que dicte una medida cautelar para frenar inmediatamente el proceso licitatorio. Pero la magistrada se negó y otorgó a la EBY cinco días de plazo para que argumente y pruebe la transparencia del concurso. Cabe destacar que los denunciantes tuvieron que recurrir a la Justicia argentina porque en el mismo pliego de bases y condiciones de Yacuretá, está establecido que no son válidas las protestas al proceso licitatorio.
El ingeniero Carlos Yorg, asesor del Departamento Financiero y coordinador de licitaciones del proyecto AÑa Cua, explicó que están muy seguros de que el proceso no tiene ninguna irregularidad, por lo que no creen factible que la jueza Ailán frene el proceso. Añadió que ya se encuentran preparando los argumentos y pruebas solicitados por la magistrada para entregarlos dentro del plazo solicitado.
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El ingeniero explicó que el concurso de acreedores que enfrenta la empresa Astaldi ante los tribunales de Roma, se dio un año después de que esta había sido precalificada para la licitación, por en el año 2018, por lo que en el 2017, cuando ellos la precalificaron, no estaban al tanto de este proceso judicial.
Además, añadió el ingeniero, el trámite ante el tribunal de Roma corre favorablemente, pues los acreedores de Astaldi llegaron a un consenso, y se le otorgó a la firma recursos para reacondicionarse financieramente.
Señaló, por otro lado, que no se viola el pliego de bases y condiciones de la licitación, pues este habla de que está vedada lala participación de empresas quebradas o concursadas, mientras no obtengan su rehabilitación. Pero, según aseguró Carlos Yorg, Astaldi nunca fue inhabilitada, por lo que no puede haber una rehabilitación.
Con respecto al segundo argumento presentado por la firma José Cartellone Construcciones Civiles SA, que apunta a que Astaldi recibió una oferta de la firma Salini Impregilo SPA, que pretende inyectarle 225 millones de euros para fortalecer su capital económico y financiero, el ingeniero Carlos Yorg explicó que no hay irregularidad alguna en este aporte, si existiese, pues Salini Impregilo , quien integraba otro de los consorcios licitantes, ya quedó fuera de la competencia al nos ser seleccionada. Por tanto, no está obligad a cumplir las reglas de juego de la licitación ni tiene parte alguna en el proceso. Es decir, que aporte o no capital a la firma no afecta ni genera irregularidades en la licitación.
“Hubiera sido ilegal si Salini aportaba este capital antes de que Astaldi fuera calificada, durante la licitación, pero se da ahora cuando Salini ya nada tiene que ver con nuestro proceso”, afirmó Yorg.
Según publica el portal digital del diario argentino La Nación, la empresa Cartellone, afirmó contundente que “de no accederse a la medida cautelar autónoma solicitada, se permitiría dar plena validez y vigencia a una adjudicación que se aparta ostensiblemente de expresas y claras prescripciones del pliego y bases de esta contratación”.
El asesor del Departamento Financiero y Coordinador de licitaciones del proyecto Aña Cua, remarcó que uno de los motivos por los cuáles Cartellone no fue seleccionada, es que tenía un costo de 31 millones de dólares por arriba de la oferta que presentó Astaldi, que era la más barata y la más conveniente para la EBY, que, aseguró, ahorró 46 millones de dólares al no elegir la oferta más cara ni la oferta intermedia.
Con respecto a los plazos que vienen por delante, siempre y cuando la jueza argentina no dicte ninguna medida cautelar que detenga el proceso, Yorg explicó que la firma de contrato se daría a fines de setiembre. Posteriormente, vendría el acta de inicio de obras, y luego, la empresa puede solicitar un adelanto del 10 % del costo total de los trabajos. Este punto también fue cuestionado por Cartellone, quien remarcó de continuar el proceso que consideran irregular, pronto la EBY desembolsará un adelanto de “19 millones de dólares al consorcio que integra una empresa concursada”.
Ahora solo resta esperar la decisión de la jueza Ailán, quien puede suspender la licitación o darle una pausa para investigar irregularidades. Pero, mientras tanto, según refiere La Nación argentina, la magistrada expuso: “No encuentro configuradas circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifiquen el dictado de una medida cautelar interina”.
Hasta que la EBY dé sus explicaciones ante la Justicia argentina, se definirá si el proceso avanza o no.
La ampliación de la central hidroeléctrica Yacyretá en el río Aña Cua, tiene un costo de aproximadamente 350 millones de dólares, sumando obras eléctricas y civiles.
Una vez iniciados los trabajos, se estima según licitación que deben tener una duración de 48 meses, aunque este tiempo tiene la opción de prorrogarse.