Miguel Godoy, Defensor del Pueblo, presentó una nota en la municipalidad para expresarle al intendente Ferreiro que la entrega de datos de los contribuyentes al consocio TX Panamá sin el consentimiento de los afectados, será considerada como una violación a la normativa constitucional sobre el patrimonio documental y la comunicación privada.
En ese sentido, en la nota se expresa que habiendo más de 3.000 contribuyentes amparados por una medida cautelar que ordenó la suspensión de entrega de datos al mencionado consorcio, la transgresión de la misma por parte de las autoridades municipales, conllevaría a un grave problema político que haría que tanto el jefe comunal como los concejales sean pasibles de sanciones civiles y hasta penales de avalar dicha conducta.
Luego de la exposición de estos motivos, Godoy solicita a la administración municipal tener “una visión comprometida con los intereses de la ciudadanía, dejando sin efecto el acto lesivo al interés general”.
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El año pasado, en el mes de septiembre la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el grupo “#AsuNosevende”. La misma ordenó la suspensión de los efectos para la parte accionante de la Resolución 6136/18 que aprueba la contratación del consorcio TX Panamá para una consultoría del Sistema de Gestión Tributaria y Catastral.
Por su parte, el director de Asesoría Jurídica, Juan C. Ramírez Montalbetti, había comentado que “esto no suspende los efectos del contrato, solo ‘beneficia’ a los que lo firmaron”.
Esta adjudicación al consorcio TX Panamá generó numerosos cuestionamientos a la administración de Ferreiro. Primeramente porque el trabajo de la misma “violaría el secreto documental de las personas” y además por el establecimiento de una comisión del 22,75% de la diferencia entre la actual recaudación y el aumento que logre la empresa concesionada.