Residentes de la zona del centro asunceno denunciaron que un grupo de indígenas mantiene cerrada la calles Fulgencio R. Moreno, entre la avenida Estados Unidos y Tacuary, con vallas de metal que fueron colocadas inicialmente por la Policía.

Similar situación también se vive en las calles Parapití y San Carlos. Los pobladores del lugar manifestaron además que los nativos les exigen un “peaje” para dejarlos acceder a sus casas y oficinas.

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Cayetano Re, residente de la zona, comentó que en las calles mencionadas no puede transitar ningún tipo de vehículo. Asimismo, manifestó que los indígenas cierran las calles con un “retén” por medio de vallas metálicas que en un principio fueron controladas por la Policía Nacional. "Desde el sábado está ocupado por unos indígenas con palos en la mano y cobran un peaje para abrir el retén. “No piden un monto exacto, solo piden y el aporte es a voluntad”, refirió.

En ese sentido, expresó que los vecinos están cansados de ser avasallados por un minúsculo grupo de manifestantes, ante la total inacción de las autoridades para garantizar el libre tránsito y el libre acceso a sus viviendas. “Ya recurrimos al 911 y a la comisaría tercera pero seguimos sin respuestas”, expresó.

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“ES INVIVIBLE”

En ese aspecto, otra vecina de la zona que se identificó a nuestro diario pero prefirió no hacer pública su identidad manifestó que la situación tanto para los indígenas y los residentes del lugar “es invivible”. Denunció que la calle Parapití en su esquina con la calle San Carlos también se encuentra cerrada por los indígenas. “Son muchos y también hay niños en la calle, que está muy sucia, llena de humo y mal olor”, manifestó.

Los nativos cierran también otro cruce, a dos cuadras de la Plaza Uruguaya, a metros del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), en Mariscal Estigarribia y Tacuary. Los bloqueos de calles por parte de los nativos son una constante desde hace varias semanas, puesto que llegaron a Asunción para exigir víveres y no han alcanzado un acuerdo con el Indi.

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Diego de los Ríos, director financiero y administrativo del Indi, había afirmado que no pueden llevar asistencia a otras comunidades indígenas debido a que un grupo que se mantiene en la Capital les “extorsiona”. Aseguró que solicitan cosas “que no corresponden” en relación a un pedido de víveres.