El Movimiento Pro Estado de Derecho, el denominado Tribunal Ético contra la Impunidad y otros gremios de abogados destacan en la nota dirigida al presidente de la Corte que la resolución es “indignante y aberrante a la conciencia ciudadana, al tiempo que constituye una vergüenza a nivel nacional”.

Por ello, exigen al titular de la Corte que “ordene la investigación más exhaustiva sobre el actuar de estos magistrados de tal forma que este hecho no quede impune”. El pedido refiere a la decisión sentencia de los jueces Hugo Ríos, Gerardo Ruiz Díaz y Jorge Giménez, que aplicaron una sanción “benevolente” contra un hombre que sometió por dos años a abusos sistemáticos a su hijastra de 7 años.

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En la nota, los abogados también piden que los magistrados se sometan al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados -que ya inició la investigación- para que “este órgano aplique las sanciones más severas que correspondan”. También piden la intervención del Ministerio Público.

El caso generó indignación generalizada, ya que los jueces se mostraron complacientes con el condenado, alegando de que supuestamente es una personas “preparada” y que le estaban dando una “oportunidad” para reencausarse.