Municipalidad de Salto queda sin desembolso de parte de Hacienda

SALTO DEL GUAIRÁ. El Ministerio de Hacienda suspendió los desembolsos a la Municipalidad de Salto del Guairá, como consecuencia del desvío de fondos de resarcimiento para construcción de iglesias. La Contraloría consideró irregular el hecho y exige reposición. Habría paralización masiva de obras.

La administradora de la Municipalidad, Karine Arce confirmó esta mañana que la Municipalidad, administrado por Carlos Cesar Haitter (PDP) ya no recibió el último desembolso de Royalties y Compensaciones, como consecuencia de la malversación de fondos de Resarcimiento por los Saltos del Guairá.

Es la primera consecuencia de haber destinado fondos de dichos recursos en la construcción y refacción de iglesias, por un monto de G. 2.632.843.000, en los años 2016 y 2017, situación no prevista en la ley Nº 5404/15, según sentencia de la CGR. En total, 18 iglesias fueron irregularmente beneficiadas con fondos de dicha ley.

Con esto, las obras municipales empezarán a resentirse, y de tardar una solución incluso podría paralizarse la construcción de la Costanera, la obra más importante en proceso que se tiene la ciudad.

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Según la funcionaria, la Municipalidad planteará al Ministerio de Hacienda la reposición total de dichos recursos con fondos propios de la institución, a fin de salvar la grave situación y reestablecer los desembolsos, en la brevedad.

La Comuna local recibe cerca de 10 millones de dólares al año del Ministerio de Hacienda. El principal recurso es el Fondo de “Resarcimiento por la Perdida de los Saltos del Guairá”, consistente en 8.400.000 dólares al año. Luego está Royalties y Compensaciones, cerca de 1 millones de dólares, además de Fonacide y Juegos de Azar.

La institución ya venía teniendo graves problemas de carácter financiero por la baja recaudación de recursos propios, que la obligó a disminuir masivamente salarios y otros gastos internos.

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Además, la institución soporta una nueva denuncia ante el Ministerio Público por supuestos indicios de hechos punibles, detectados por la Contraloría General de la República sobre la ejecución presupuestaria del año 2016. El monto puesto en duda asciende a más de G. 30 mil millones.

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