Desproporción en la ley antidrogas

Edgar Martínez no era narco ni adicto, pero hoy fue condenado a cinco años de cárcel por producir aceite medicinal de cannabis para personas enfermas, gracias a una injusticia en la ley penal que aún no se corrige. Frente a esto nos encontramos con casos como el del diputado acusado por narcotráfico, Ulises Quintana, quien estuvo arrestado pero logró su libertad gracias, en parte, a que sus colegas decidieron cambiar la ley que lo apresó ya que entendieron que la prisión preventiva rígida era inconstitucional. En otras palabras, un parlamentario debió sufrir una injusticia para que se cambie una ley injusta.

Edgar Martínez Sacoman, en febrero pasado.
Edgar Martínez Sacoman, en febrero pasado.Diario Vanguardia

El Congreso hace oídos sordos a las exigencias que, por ejemplo, organizaciones de derechos humanos reclaman para modificar las leyes que violan principios de la Constitución y de tratados internacionales. El claro y reciente ejemplo es el abuso de la prisión preventiva, debido a una rigidez en la figura que estuvo presente en nuestro Código Procesal Penal entre 2004 y 2019 y que las ONG de DD.HH., al igual que juristas, docentes de Derecho y abogados, criticaban diariamente por ser inconstitucional.

Los congresistas tardaron 15 años en escuchar y en darse cuenta de la arbitrariedad. En realidad, fue gracias a que uno de sus colegas, el diputado Ulises Quintana (ANR, Añetete), quedó con prisión preventiva porque está siendo investigado por sus vínculos con el narco Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña. Aunque, para ser precisos, Quintana salió en libertad semanas antes de que se modifique la ley a través del fallo de una jueza. Cuando la Cámara de Alzada estudió la apelación, la nueva normativa ya estaba vigente.

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Contamos esto como un paralelismo a lo que vive Edgar Martínez Sacoman (42), quien hoy fue condenado en Ciudad del Este a la pena mínima por el delito simple (sin atenuantes) de tenencia de marihuana: cinco años de prisión. Lo resolvió un tribunal de sentencia y en su segundo juicio, ya que el primero se anuló porque le dieron una pena de dos años y medio y la Fiscalía apeló el fallo con el argumento de que no existían atenuantes para llegar a una condena así de baja.

En julio de 2016 Martínez Sacoman fue detenido en el allanamiento a su vivienda, en donde se encontraron 20 mililitros de aceite de cannabis para uso medicinal y unos 100 gramos de cannabis en proceso de extracción sumergidos en agua y congelados en la heladera. Plantar o tener marihuana, sin autorización del Estado, se castiga con penas de entre 5 a 20 años de cárcel, según establecen los artículos 27° y 33° de la Ley N° 1340/88.

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Hay que señalar que la norma contempla una eximición de la pena para los adictos que tienen hasta 10 gramos de marihuana y una atenuación con una pena de entre dos a cinco años de cárcel cuando se supera esta cantidad. Pero como Edgar Martínez no es farmacodependiente, no puede acogerse a este beneficio.

Sigue con arresto domiciliario y el tribunal que lo condenó, conformado por los jueces Zunilda Martínez, Evangelina Villalba y Herminio Montiel, decidió mantenerlo con esta medida cautelar, al menos hasta que la sentencia quede firme. Desde hace tres años que está sometido a un proceso porque quiso ayudar a personas enfermas proveyéndoles aceite de cannabis. Recordemos que el caso data de antes de que el Congreso sancione la ley para legalizar a nivel industrial el uso medicinal de la marihuana.

Además, la política criminal frente a la tenencia y el autocultivo para consumo tampoco está bien definida desde el Ejecutivo y no existe consenso con los poderes Legislativo y Judicial. Veamos el caso de la Asociación Mamá Cultiva, que promueve la siembra, cultivo y cosecha a pequeña escala, delitos que se castigan con entre 10 y 20 años de cárcel, según el Art. 33° de la Ley Antidrogas.

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Sin embargo, la organización regaló públicamente plantines de marihuana a la población, distribuyó kits de cultivo de la planta y también dictó cursos al respecto, sin ser molestada por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) o la Policía Nacional. El Gobierno no tiene intención de procesar y llevar a juicio a los integrantes de esta asociación, pero Martínez Sacoman no corrió con la misma suerte.

Y, a diferencia de Quintana, Edgar Martínez no tiene colegas congresistas que entiendan que la ley penal es exageradamente represiva en el delito de tenencia (ni siquiera hablamos de narcotráfico, como está acusado el diputado) y que no se contemplan otras excepciones para eximir de la pena o al menos reducir el reproche.

La despenalización y la legalización de la marihuana (que no son lo mismo), y la criminalización de los consumidores, siempre conformaron un debate que se postergó en el Congreso. El senador y exdiputado Víctor Ríos (PLRA) fue uno de los pocos legisladores que mantuvieron una postura a favor del uso recreativo, pero no contó con el apoyo de sus pares.

Para hacernos una idea, la expectativa de pena de la tenencia ilegal de drogas (15 años) es igual a la del secuestro, y mayor a otros crímenes como la violación sexual, que va hasta 12 años, o la trata de blancas, que va hasta 8 años (marcos sin agravantes ni atenuantes).

Eso sí: el día en que un diputado o senador sea llevado preso por caer con drogas para autoconsumo, ese día el Congreso se dará cuenta de que la represión establecida en nuestra ley penal es desproporcional e injusta; se debatirán de verdad la reducción de la pena, la despenalización o hasta la legalización, la regulación del uso recreativo, la intervención sanitaria en la drogadicción, etc.

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