Ortega recordó que en el último dictamen había ratificado su criterio emanado en el documento del pasado 24 de noviembre. Explicó que ya en esa ocasión habían dicho que encuentran “prudente” la suspensión de ese contrato.

“Volvimos a remarcar que encontramos varias inconsistencias en el contrato firmado (...) algunos aspectos contradictorios que encontramos”, señaló en contacto con ABC Cardinal. Por otra parte, con respecto a la acción de inconstitucionalidad, señaló que es cierto que solo tiene alcance contra las personas que atacan ese acto administrativo.

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Sin embargo, agregó que “está latente la probabilidad de que se declare la inconstitucionalidad de ese acto y, en consecuencia, mal podría la municipalidad seguir ejecutando ese acto contra las personas que no atacaron de inconstitucional el acto administrativo, además de que la Corte puede declarar la inconstitucionalidad”.

Finalmente, recordó que ya están siendo atacados por un número importante de contribuyentes y puede ocurrir que todos los demás hagan lo mismo y no tendría valor ni sentido jurídico la aplicación de un contrato inconstitucional. “Y no puede aplicarse el contrato para ciertas personas sí y para otras no”, añadió.

El consorcio TX Panamá fue adjudicado por la Comuna este año en medio de polémicas para la implementación de un nuevo Sistema de Gestión Tributaria y Catastral. Ya varias personas presentaron acciones de inconstitucionalidad porque una entidad privada accederá a los datos personales de los contribuyentes.

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