“Quintana tiene que renunciar”, dice Vallejo

La diputada Rocío Vallejo coincidió en que no se le puede aceptar el permiso a su colega Ulises Quintana para ser sometido a la justicia, sino que debe presentar su renuncia. No obstante, también admitió que la jueza que ordenó su captura viola la Constitución al mandar a prisión a un parlamentario.

El diputado colorado abdista Ulises Quintana  el día en que el juez Humberto Otazú ordenó en enero pasado  que continuara en prisión. Luego consiguió una resolución irregular para dejar la cárcel.
El diputado colorado abdista Ulises Quintana el día en que el juez Humberto Otazú ordenó, en enero pasado, que continuara en prisión. Luego, consiguió una resolución irregular para dejar la cárcel.Archivo, ABC Color

“Yo creo que, categóricamente, Ulises Quintana tiene que renunciar. No podemos seguir en esta situación tan irregular”, manifestó esta mañana Rocío Vallejo en conversación con radio ABC Cardinal 730AM. Recordó que ya en la primera ocasión se le concedió un permiso totalmente irregular, pero finalmente lo que debe hacer es presentar su dimisión al cargo.

No obstante, también consideró que la jueza Alicia Pedrozo cometió una irregularidad al permitir que vaya a prisión, debido a que ningún parlamentario debe ser detenido por la Justicia, salvo que fuese hallado en flagrante comisión del delito.

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Por otra parte, recordó que siguen trabajando en el proyecto para controlar el dinero que circula durante las campañas electorales. Señaló que esperan que los candidatos de cada movimiento presenten una declaración jurada al postularse. Además, deberán rendir cuentas sobre cómo recibieron ese dinero y cuánto gastaron en las publicidades.

En ese mismo sentido, indicó que el TSJE dice que no puede ejercer control sobre los más de 10.000 candidatos de las municipales y que plantean un control aleatorio. Sin embargo, también trabajarán para ver la posibilidad de la informatización de este proceso de transparencia.

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Como castigo ante la eventual detección de irregularidades, dijo que proyectan que el candidato que haya ganado las elecciones pierda su banca en caso de que sus declaraciones juradas no coincidan, mientras que los que también hayan incurrido en la falta se expondrían a una suspensión y no podrían volver a candidatarse en las próximas elecciones.

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