Varios funcionarios penitenciarios, entre permanentes y contratados, se movilizaron frente a la cárcel de Villarrica para exigir al Ministerio de Justicia que presione al Ministerio de Hacienda para que haga los desembolsos para el pago correspondientes de las bonificaciones de los afectados, específicamente, en concepto de peligrosidad y ayuda alimenticia.

El delegado regional del Sindicato de Agentes Penitenciarios, Pedro Riquelme, indicó que la bonificación en concepto de peligrosidad se les adeuda por dos meses, y la ayuda alimentaria, más de tres meses, que serían de los meses de octubre, noviembre y diciembre, lo cual totalizan poco más de G. 4 millones por cada funcionario permanente.

Por otro lado, indicó que a los contratados se les adeudan un mes de salario y dos meses de bonificación en concepto de peligrosidad. “Estamos en fechas festivas, y todos queremos llevar el pan de cada día a nuestras familias”, lamentó Riquelme.

La medida de fuerza fue de forma pacífica sin desatender las guardias, la recepción, servicios de control, oficinas administrativas, entre otros. Los manifestantes eran funcionarios que ya habían cumplido su turno.

La movilización se realizó a nivel general en las 16 penitenciarías del interior del país, y anunciaron que si para antes de Año Nuevo no se abonan los haberes, luego de una asamblea resolverán realizar una movilización más drástica.