Adjuntando los antecedentes, que tienen más de de 1.000 páginas, el presidente de la República en representación del Ejecutivo firmó el pedido de consideración de la Cámara de Diputados para el acuerdo constitucional para la intervención de la Municipalidad de Concepción, solicitado por la Junta Municipal de esa ciudad.
Ahora, según indica el procedimiento, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, Arnaldo Augusto Franco Echeverría, deberá remitir el oficio a la Cámara de Diputados, que tiene que crear una comisión especial que debe expedirse sobre el asunto en un plazo de 15 días hábiles.
Este informe debe presentarse en plenaria de Diputados y, si la mayoría dice que hay méritos suficientes para intervenir, vuelve al Poder Ejecutivo para que designe un interventor. A partir de ahí, el interventor tiene 60 días para llevar a cabo el procedimiento.
La decisión de pedir la intervención de la Municipalidad concepcionera fue tomada durante una sesión de la Junta Municipal de fecha 3 de diciembre de este año.
Se hizo constar el pedido mediante la resolución Nº 233/19, que fue remitida al ministro del Interior, Euclides Acevedo, esperando la consideración del pedido.
Son los diputados quienes deciden el futuro del intendente de la Municipalidad concepcionera. En la Cámara Baja solicitarán una sesión extra para tratar el tema. Esta sesión aún tiene fecha y hora a confirmar.
El intendente de Concepción, Alejandro Urbieta, tiene ya varias denuncias por presuntas irregularidades en su gestión.
Existen varios antecedentes de supuestos hechos de corrupción en la gestión de Alejandro Urbieta, jefe comunal, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
Urbieta es acusado por los pobladores de vender supuestamente terrenos municipales a precios irrisorios y por no reparar las calles, entre otros. Entre las quejas ciudadanas figura la venta del puerto Nanawa por US$ 700.000 a la empresa TLP.
Los ciudadanos concepcioneros incluso ya habían presentado denuncia formal contra el intendente por las irregularidades en su administración, a comienzos del año 2018.
Ya llevan tiempo exigiendo la intervención de la Municipalidad y la renuncia de Alejandro Urbieta, quien soporta procesos judiciales en su haber por desacato judicial, apropiación y lesión de confianza.