El titular de Contrataciones, Pablo Seitz, afirmó que esta semana tiene que ser resuelta la protesta hecha contra la adjudicación a la firma Infocenter SA para la provisión de un sistema informático al Ministerio de Salud.
“La protesta es un procedimiento en virtud del cual uno de los participantes objeta el resultado del procedimiento caído sobre otra empresa competidora. La Dirección de Contrataciones funge de juez, por así decirlo, se analiza cuál de las partes tiene razón. Eventualmente, si se hace lugar a esa protesta, lo que se ordena no es la adjudicación a otra empresa sino la reevaluación por parte de la autoridad contratante”, explicó.
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Comentó que lo cuestionado por parte de Contrataciones Públicas en esta adjudicación es que en diciembre ya se suscribió el contrato, antes de los 10 días que dice la ley, que justamente es para evitar que haya mayores complicaciones en caso de protesta.
“Se debe culminar el análisis de la protesta para determinar si fue bien o mal adjudicada esa licitación. Eso se puede retrotraer, la recomendación de la suspensión de la ejecución del contrato ya fue recomendada y creo que el Ministerio actuó en esa línea; significa no proveer ni pagar mientras se tramita la protesta”, aseveró.
No obstante, indicó que, de todos modos, si el pago fue hecho, hay pólizas que cubren el 100% de esos anticipos. “En general, las compras de los softwares son siempre complejas en atención a que existe siempre un grado sino de dependencia tecnológica, un vínculo muy estrecho con la proveedora, compras que exigen no solo puntualmente. Es un software que permite la interconexión de todos los sistemas del Ministerio de Salud”, subrayó.
Cabe resaltar que el contrato firmado por la cartera estatal por el mencionado sistema informático asciende a G. 32.000 millones a la firma Infocenter SA, representada por Lida Vera. El proceso fue realizado bajo el llamado con el ID 353.593.
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Comentó que también hay un caso similar en la adjudicación a una empresa de software para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de aproximadamente G. 48.000 millones para la adquisición de un software de Sistema de Planeamiento de Recursos Empresariales. “Es parecido al software del Ministerio de Salud, también tiene un procedimiento de protesta, que es muy nuevo”, añadió al respecto.
Finalmente, fue abordado con respecto al cuestionamiento al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH) sobre la utilización de dinero del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavis) sin licitación.
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“La ley que crea el Fonavis da la potestad de asignación directa, no a través de la Dirección de Contrataciones Públicas; es un paquete financiero que no se ejecuta a través de la ley de Contrataciones Públicas, está exceptuado de la aplicación de la ley de Contrataciones. Formalmente es válido que el Ministerio de la Vivienda ejecute los fondos del Fonavis sin pasar por la Dirección de Contrataciones Públicas”, concluyó.
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