Los manifestantes aseguraron que el Jardín Botánico es un patrimonio cultural y natural protegido por la Constitución Nacional en el artículo 81, que establece que los bienes patrimoniales no se pueden desnaturalizar.

Recordaron que es inconstitucional cambiar el objetivo y los fines para los cuales fueron creados estos espacios naturales.

Lamentaron que este viaducto viole la Carta Magna y varias otras leyes, como el derecho al ambiente saludable, normativas municipales y tratados internacionales.

Según los activistas, los propios interesados saben que esta es una obra que no va a terminar, porque no han liberado la franja de dominio, lo cual significa que no han indemnizado a los propietarios.

Por todo ello, consideran que la única intención es beneficiar al interés privado, a empresas y a la parte contratista.

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Aseguran que lo único que importa a los encargados de la obra es cobrar dinero hasta donde se pueda, pues no podían haber iniciado una obra sin tener liberada la franja de dominio, así como tampoco tumbar un patrimonio natural sin tener la seguridad de que van a terminarla.

En octubre del año pasado, obreros del consorcio DR Costanera comenzaron con la tala de árboles en el predio del Jardín Botánico, donde se realizan las obras de construcción del futuro viaducto. Los trabajos se ejecutan bajo un amparo judicial, ya que las obras estaban paradas debido a la presencia de manifestantes.

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Según lo establecido en el plan de trabajo de la constructora a la que fue adjudicada la obra, parte de los árboles serán trasladados a otra zona del predio del parque. Según reportes de la la Dirección de Recursos Naturales de la Municipalidad de Asunción, fueron 227 individuos forestales los que estaban en el área a ser afectada. De estos, 160 corresponden a especies nativas y 67 exóticas.

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