El secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia notificó la ampliación y conformación de la sala para el estudio de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República para seguir atropellando el derecho de acceso a la información pública.
La sala fue ampliada al pleno de la máxima instancia judicial y quedó conformada por los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Alberto Martínez Simón, Manuel Ramírez Candia, María Carolina Llanes y Gladys Bareiro de Módica. A ellos se suman los magistrados Óscar Paiva Valdovinos, Valentina Núñez, Marcos Riera Hunter y Juan Carlos Paredes.
Los últimos cuatro son miembros de Tribunales de Apelación en lo Civil y completan los lugares de los ministros Antonio Fretes, César Garay Zuccolillo y Luis Benítez Riera, quienes se inhibieron debido a que sus declaraciones juradas forman parte del pedido de acceso a la información que generó la acción judicial. El cuarto lugar que debió ser completado fue de Myriam Peña, quien se jubiló al cumplir 75 años.
Posible prevaricato
Gladys Bareiro sigue sin apartarse del caso, a pesar de que su declaración jurada también forma parte del paquete de información sobre el que debe dictaminar la máxima instancia judicial. Es decir, ella debe decidir si su información patrimonal toma o no estado público.
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Bareiro fue quien propuso a sus colegas presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley que establece la necesidad de transmitir las sesiones del pleno de la máxima instancia judicial.
En particular, Bareiro pretendía cortar las transmisiones de las sesiones de la Sala Constitucional, la misma que debe resolver ahora el caso en el que se juega el derecho de acceso a la información.
Como si todos estos antecedentes no fueran suficientes, Bareiro fue la que solicitó que la Corte Suprema se entrometiera abiertamente en otro Poder del Estado. En noviembre de 2018, el mismo día que el Senado estudiaba un proyecto de ley que establecía como obligatoria la publicidad de las declaraciones juradas, la Corte remitió a la Cámara Alta un dictamen en el que aseguraban que la legislación no debía ser aprobada.
El dictamen fue remitido por el entonces titular de la Corte Suprema, Raúl Torres Kirmser. En una abierta intromisión en las funciones de otro Poder del Estado, la Corte intentó así frenar la aprobación del proyecto que permitirá mayor transparencia.
Además de la abierta intromisión en las funciones de otro poder, los ministros de la máxima instancia judicial incurrieron en un inocultable prejuzgamiento. Luego de los cuestionamientos, Torres Kirmser señaló que el dictamen había sido enviado al Senado a pedido de Bareiro de Módica.
Es decir, Bareiro se rehúsa a apartarse de una causa en la que es parte interesada y, además, ya prejuzgó abiertamente. Magistrados señalaron a ABC Color que, de mantenerse para la resolución del caso, la ministra estaría cometiendo abiertamente prevaricato.
Un año y medio varado
El 8 de mayo de 2018, el juez Rubén Riquelme hizo lugar al amparo promovido por el periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano luego de que la Contraloría General de la República (CGR) ignorara repetidamente las solicitudes de acceso a la información pública que había presentado.
El Tribunal de Apelación, primera sala, ratificó el 7 de junio del año pasado la histórica sentencia que había dado en primera instancia el magistrado Riquelme.
Mientras decía estar a favor de la transparencia y aseguraba que cumpliría con los dictámenes judiciales, Enrique García presentó el 4 de julio una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para evitar entregar la información pública.
La excusa del entonces contralor para recurrir a la máxima instancia judicial fue que buscaba una “decisión definitiva”. Sin embargo, la realidad es que García trabó el estudio de la acción que él mismo planteó ante la Corte Suprema de Justicia.