Conforme a la ley, son los administradores de campaña los responsables de las irregularidades investigadas por la Fiscalía, según manifestó Alegre. “Nosotros entregamos los recursos bajo recibo, como señala la ley. Nosotros agregamos la escribanía, porque podían haber sorpresas y bajo el compromiso de rendición de cuentas”, comentó.
Asimismo, contó que –a la par del Ministerio Público– desde la titularidad del partido solicitaron informes para determinar cuáles fueron las facturas inconsistentes y abrieron sumarios administrativos. “Nosotros entregamos los recursos bajo recibo, como señala la ley. Nosotros agregamos la escribanía, porque podían haber sorpresas y bajo el compromiso de rendición de cuentas”, señaló.
En ese aspecto, detalló que son seis facturas las que presentan inconsistencias: tres pertenecientes a la administración de Alto Paraná – que en conjunto suman G. 225 millones – y otras tres de las alianzas, también del Alto Paraná.
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Manifestó que existen sectores interesados en que esta investigación se entienda como responsabilidad de la actual dirigencia del partido. “Esto tiene un fuerte componente político. Por supuesto que existen sanciones. Acá la cuestión es decir que Efraín fue el que hizo la clonación", aseveró.
Subrayó que se realizó la denuncia ante la Fiscalía con la intención de dar transparencia a todas las acciones desarrolladas dentro del liberalismo.
El Ministerio Público abrió una investigación por clonación de varias facturas en el PLRA. La intervención fue orden de la fiscala general, Sandra Quiñónez, quien designó a la agente Liliana Alcaraz en el caso. El viceministro de Tributación, Óscar Orué, confirmó que lo duplicado es por G. 1.500 millones.
La Subsecretaría de Tributación (SET) recibió la denuncia en enero. Tras un proceso de verificación, remitieron el caso el lunes último tanto al Ministerio Público y como al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Concretamente se rindió gastos de la última campaña electoral con 18 facturas “inconsistentes”, en su mayoría clonadas y en menor medida falsificadas. Orué indicó que no pueden revelar los datos de la investigación, pero que el monto supera los G. 1.500 millones.