Esta mañana, los senadores proyectistas de la propuesta de ley “Que establece el seguro obligatorio para automotores (SOA)” participaron de una audiencia pública a fin de presentar y debatir sobre los alcances del proyecto, informó el departamento de Prensa del Senado.
Sin embargo, en un comunicado, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (Antsv) informó que este proyecto de ley “no refleja” las recomendaciones y expresiones realizadas por todas las instituciones participantes de la mesa estratégica de trabajo que impulsa el proyecto “Movernos seguro”. Además de la Antsv, están involucrados actores como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Federación Internacional del Automóvil (FIA), el Touring y Automóvil Club Paraguayo, la Superintendencia de Seguros y la Asociación de Compañías de Seguros.
La Agencia Nacional de Tránsito, cuya directora ejecutiva es María del Carmen González de Porro, también aclaró que la institución está a favor de una legislación sobre el seguro obligatorio del automotor, pero siguiendo las conclusiones de la mesa de trabajo. Igualmente, el comunicado recalca que la Ley 2.016/2014 de Tránsito y Seguridad Vial ya contempla la obligatoriedad de una póliza de seguro.
El proyecto de ley fue presentado en diciembre pasado por los senadores liberales Fernando Silva Facetti, Carlos Gómez Zelada y Juan Bartolomé Ramírez, junto con los patriaqueridistas Fidel Zavala y Georgia Arrúa y Gilberto “Tony” Apuril (Hagamos).
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La propuesta establece que la administración del SOA estará a cargo de un “Grupo coasegurador” y los modelos de seguro deberán ser aprobados por la Superintendencia de Seguros. El proyecto no fija montos para el seguro obligatorio para vehículos, explicó hoy a los medios el senador Silva Facetti, uno de los proyectistas.
También establece una cobertura en caso de muerte a 500 jornales mínimos vigentes (G. 42.170.000) y para el transporte público de pasajeros será el equivalente a 1.000 jornales (G. 84.340.000). Las cifras son similares para los casos de invalidez permanente y descienden en caso de invalidez parcial y hospitalización.
El proyecto de ley también indica que la no contratación del SOA inhabilita al vehículo automotor a circular por cualquier vía pública, debiendo la autoridad competente retener el automotor e impedir su circulación.
