La primera denuncia contra Ramón Jiménez Gaona fue presentada en mayo de 2018 por el activista e ingeniero civil Hermann Pankow, cuando aun dirigía el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Fue por el supuesto delito de lesión de confianza, debido a las irregularidades en las obras del proyecto “Reconversión Urbana y Metrobús”.
El caso quedó a cargo de la fiscala Nathalia Silva, recusada luego por Hermann Pankow porque el expediente estuvo un año sin moverse, según relató el ingeniero a ABC Color. El caso se derivó interinamente al fiscal Alcides Corbalán, quien en octubre y noviembre del año pasado convocó a declarar a Jiménez Gaona y Pankow, respectivamente.
Luego de más de seis meses de la recusación, en enero pasado, la Fiscalía Adjunta confirmó a la fiscala Nathalia Silva en la causa. No obstante, el ingeniero apeló y el incidente ahora lo tiene que resolver la fiscala general del Estado, Sandra Quinónez.
Actualmente interina la investigación la fiscala Esmilda Álvarez. La representante del Ministerio Público indicó a nuestro diario que recibió la carpeta fiscal recién hace unas semanas atrás, poco antes de la cuarentena por el COVID-19. Y si bien miró el expediente, dijo que aún no está interiorizada. También remarcó que sus colegas realizaron varias diligencias, pues la carpeta cuenta con varios tomos, según detalló.
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No obstante, hasta el momento el exministro de Obras ni ningún otro exfuncionario fue imputado por el caso del Metrobús. Junto al entonces ministro también fue denunciada por lesión de confianza la ahora exviceministra de finanzas, Marta Benítez. Igualmente el exjefe de gabinete del MOPC, Esteban Sarubbi Lutz, por presunto enriquecimiento ilícito, y otro exfuncionario, Guillermo Alcaraz, por usurpación de funciones públicas.
En septiembre de 2018 la denuncia fue ampliada para involucrar también al exviceministro de Obras, Juan Manuel Cano, y al exrepresentante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el país, Eduardo Almeida. Asimismo, en enero de 2019 el senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) también presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Jiménez Gaona por estafa en las obras del Metrobús.
Despilfarro
El Estado pagó US$ 30 millones, provenientes de un préstamo con el BID, a la empresa portuguesa Mota Engil por el fallido Metrobús, antes de que el Gobierno de Mario Abdo Benítez rescindiera el contrato por incumplimiento. La Procuraduría General de la República (PGR) gestiona ante aseguradoras privadas el cobro de dos garantías: una por incumplimiento y otra por anticipo pagado.
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En caso de cobrar ambos seguros, el Estado eventualmente podría recuperar solo US$ 13 millones del despilfarro. En el mejor de los casos se estima un perjuicio de US$ 17 millones, más de la mitad de lo que la administración de Horacio Cartes invirtió en las obras del Metrobús.
En tanto que Mota Engil pretende cobrarle al Estado paraguayo otros US$ 25 millones argumentando “perjuicios” que el proyecto del Metrobús le causó a la empresa. La firma portuguesa sostiene que no pudo cumplir con el contrato porque el MOPC se atrasó en la liberación de la franja de dominio. La demanda se llevó a un arbitraje internacional.
Y esta mañana el Ministerio de Obras comenzó a demoler las estructuras que se proyectaban como paradas del Metrobús, teniendo en cuenta que el proyecto ya se canceló oficialmente.
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El MOPC adjudicó las obras del Metrobús (tramo 2 y 3) a Mota Engil en febrero de 2016, por US$ 54 millones (G. 300.417 millones), pero el costo se incrementó casi 35%, a través de una adenda, llegando a US$ 72,7 millones (G. 403.900 millones). Desde el comienzo, el proyecto registró importantes cambios y la lentitud del avance causó una indignación colectiva de los frentistas, que continuó durante más de dos años.
Los datos indican que la empresa portuguesa ya percibió un total de US$ 30 millones hasta octubre del año pasado, de los cuales US$ 20 millones corresponden a certificados de obras ejecutadas y el resto al anticipo que cobró antes de iniciar los trabajos (los primeros US$ 10 millones que percibió la empresa, 20% del monto total del contrato original).
Mientras tanto, la empresa solo hizo obras parciales a través de 3,8 km del corredor central del Metrobús (en diferentes trayectos del tramo 1), según los certificados de obras, de los 12 km que debía ejecutar. Pero la compañía percibió el 60% del monto del contrato original, sin terminar ni la mitad de la obra.
