Por mayoría, los diputados decidieron postergar el análisis del proyecto de ley “que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias, prohíbe y limita el nombramiento y la contratación de parientes y de asesores, fija topes salariales para la autoridades públicas de rango superior y establece otras medidas de racionalización del gasto público”, que el pasado 17 de abril recibió media sanción del Senado.
El diputado Basilio Núñez pidió aplazar por 30 días el estudio de dicho plan. Justo Zacarías, de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, mocionó la postergación del tratamiento hasta recibir los informes solicitados a los diversos entes mientras que Kattya González, de la Comisión de Legislación, pidió la aprobación en general del proyecto.
Roberto González Segovia (ANR) señaló que la ley es como el monstruo de Frankenstein, un “engendro” que muestra que en el Congreso se aprueba cualquier cosa. Cuestionó que se busque modificar la legislación en lo relativo a los salarios de los altos funcionarios de la binacionales. Dijo que el proyecto de ley tendrá que ser “destruido” durante su análisis. También que se prohíba la publicidad de las instituciones públicas en los medios de comunicación. Se pronunció por la postergación. “¿Cómo es posible que se pretenda vía proyecto de ley modificar el status jurídico de funcionarios de una entidad binacional? ¿Cómo creen que podemos aprobar cualquier cosa y tratar cuestiones que son establecidas por tratados?”, aseveró. Ever Noguera se expresó en el mismo sentido.
Por su parte, Sebastián Villarejo coincidió en que el proyecto de ley necesita modificaciones, pero descartó que tenga que ser “destruido”. Pidió una postergación por 15 días.
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También a favor de la aprobación en general, Édgar Acosta pidió respetar las opiniones de cada colega y un tratamiento objetivo de cada artículo del proyecto.
En una nueva intervención, el diputado Basilio Núñez pidió la postergación por tres semanas, moción que finalmente fue aprobada.
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El proyecto de ley “que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, prohíbe y limita el nombramiento parientes y fija topes salariales para la autoridades públicas”, conocida como “Ley Sergio Godoy”, establece –entre otros puntos– que ninguna autoridad gane más que el Presidente de la República, también prohíbe el pago por parte del Estado de seguros médicos privados para funcionarios de alto rango además de la contratación en las instituciones públicas a parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad. También fija topes salariales a los directivos de las binacionales.