Contradiciendo al IPS, para vice de Transporte “no existen morosos”

El viceministro de Transporte, Pedro Britos, afirmó que no existen empresas de transporte público morosas del aporte obrero patronal al Instituto de Previsión Social (IPS), a pesar de que a la institución le consta que 1.100 empleadores del rubro que le deben más de US$ 4,5 millones.

La Línea 232, Ciudad de Villeta, es una de las firmas beneficiadas con subsidios y que fue procesada por cobro irregular.
La Línea 232, Ciudad de Villeta, es una de las firmas beneficiadas con subsidios y que fue procesada en su momento por cobro irregular.Claudio Ocampo, ABC Color

La reciente denuncia de empleados de la empresa de transporte San Luis SA, de que no pueden cobrar subsidios del seguro social pese a que se les descontó, puso nuevamente en foco la complacencia del Estado con este grupo de empresarios.

De hecho, este diario viene publicando el desinterés sistemático del Estado para endurecer controles a los transportistas, puesto que se confirmó a través de documentos a los que hemos podido acceder que más de 1.100 empleadores son morosos de la previsional y entre ellos hay beneficiados con subsidio estatatal. Todo indica que la vulnerabilidad en el sistema de pago de subsidios por boleto vendido se debe a que el Viceministerio de Transporte se limita a verificar que la empresa como sociedad esté al día, pero no constata que los responsables de la compañía tengan otra firma que sí figure como infractora.

Consultado al respecto, el viceministro de Transporte, Pedro Britos, respondió que no existe empresa morosa que este cobrando subsidio y que la firma San Luis SA es regulada por la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran). “En esos casos, es el IPS el que tiene que velar por el control de los aportes y seguros sociales, ellos tienen esa carga de hacer las denuncias correspondientes. Y los trabajadores también están en todo su derecho de accionar. Hay miles de casos en los tribunales”, expresó.

Britos evitó responder acerca de la posibilidad de suspender los pagos a los responsables de las firmas que estarían en la lista de morosos de la previsional, pero que para seguir cobrando, fácilmente crean otra sociedad anónima y empiezan el proceso desde cero. Borrón y cuenta nueva y pueden seguir cobrando el beneficio estatal.

ABC consultó al respecto al titular de Dinatran, Juan José Vidal, quien dijo no conocer la situación los empleados de la firma San Luis, quienes realizaron su denuncia pública en diferentes medios de comunicación. No obstante, se comprometió a verificar la situación y que de comprobar lo denunciado, la firma se expone a la prohibición de operar hasta tanto se regularice con la previsional.

El director de Aporte Obrero Patronal, Ramón Giménez, indicó a ABC que existe un borrador de proyecto para impidir que morosos puedan cambiar de razón social sin antes saldar sus deudas con la previsional. Señaló que a causa de la emergencia sanitaria se vio obligado a suspender esos trabajos para atender cuestiones relacionadas a la pandemia, como lo son los pagos de los subsidios a trabajadores con contratos suspendidos.

Mientras tanto, casi 12.000 empleados de transporte apeligran quedar sin su jubilación, conforme a reportes globales de la previsional.

Pese de conocer la cifra global de gente a la que se le descontó el salario correspondiente pero no tiene derecho al seguro social, la Contraloría General de la República había anunciado investigar luego de 3 años de no auditar a la institución y hasta el momento no hay mayores novedades. Además, el Poder Judicial procesó a representantes de empresas y pese las evidencias de cobro irregulares las causas se extinguieron por cuestiones de forma y no de fondo, conforme a las fuentes consultadas.

La impunidad para seguir operando al parecer se refleja también con la implementación del billetaje electrónico, que se realiza sin ningún control y será el único sistema de pago del boleto desde octubre. Esto teniendo en cuenta que el Centro de Control y Monitoreo (CCM) empezó a construirse el mes pasado, trabajo a cargo de la empresa Consorcio Electronic Ticket Control (ETC), representado por Nicolás Rene Martínez Báez, y cuyo contrato es por G. 24.997 millones (US$ 3,9 millones al cambio actual).

Por otra parte, la falta de transparencia entorno al pago de subsidios es sistemático. Se puede comprobar con la falta de información en la página web de la institución. Son millones de dólares producto de los impuestos de la gente y que se destinan a empresarios pero que no existe mayor información al respecto, así como el reporte mensual de la nómina de funcionarios y sus salarios, las compras públicas y sus contratos en la web de Contrataciones Públicas. En 8 años, los empresarios recibieron más de US$ 57 millones, conforme a las averiguaciones de nuestro diario.