Este martes, la jueza Cynthia Lovera presidió una audiencia de imposición de medidas a Katherine Pamela Toñánez y Carlos Alberto Franco, a cuyos nombres figuran dos empresas supuestamente de “fachada” que están vinculadas a la compra de tapabocas supuestamente sobrefacturados por parte de la Dirección Nacional de Aviación Civil.
La jueza Lovera decretó que Toñánez y Franco deberán guardar arresto domiciliario, luego de que ambos se presentaran este martes ante la Justicia luego de varios días en los que pesó sobre ellos una orden de captura.
Decretó además que los dos imputados paguen una caución de G. 100 millones cada uno, les impuso además la prohibición de salir del país y comunicarse con otras personas imputadas en el caso.
La pareja figura como propietaria de las empresas Proyectos Global S.A. y Consorcio Aerotech.
La primera de esas empresas se encuentra bajo investigación por la licitación irregular de la compra de tapabocas, un escándalo que llevó a la renuncia del entonces titular de la Dinac, Édgar Melgarejo, que además fue imputado por el Ministerio Público.
El Consorcio Aerotech, mientras tanto, es investigado por haber recibido la adjudicación de contratos millonarios por servicios cuya efectivización aún no ha sido comprobada.