La operación corresponde a la octava inversión realizada por la Caja el 22 de noviembre de 2018, a tres años de plazo, con una tasa de interés del 6,20%, con pagos semestrales y amortización del capital al vencimiento, agrega la nota.
La Caja Fiscal, administrada por Hacienda, adquirió estos bonos de la AFD, la banca pública de segundo piso, que emite anualmente para capitalizar sus operaciones y fondear a las entidades de intermediación financiera (IFI) de primer piso (bancos, financieras, cooperativas).
La ley de presupuesto vigente autoriza a la AFD a emitir este año bonos por un monto de hasta G. 1,2 billones (US$ 188 millones al cambio presupuestado).
El informe de Hacienda indica que en lo que va del año la Caja Fiscal ya percibió G. 37.233 millones (US$ 5,6 millones), en concepto de intereses por las diversas inversiones realizadas.
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Además, que ya percibió la suma de G. 360.680 millones (US$ 54 millones) en concepto de intereses, generados por las inversiones que realiza desde el año 2013 hasta la fecha.
Déficit
En Hacienda consideran como una importante fuente de ingresos estas operaciones con bonos, pero reconocen que no alcanza para financiar el déficit que registra anualmente la entidad que administra la jubilación de los funcionarios.
La intención de las autoridades es presentar un proyecto de ley de reforma de la referida caja, a partir de las recomendaciones y las propuestas que presenten los organismos financieros internacionales que realizan un estudio actuarial.
Al cierre del primer cuatrimestre, la Caja Fiscal acumula un déficit del 27%, teniendo en cuenta que los ingresos obtenidos no alcanzan para financiar la totalidad de los pagos jubilatorios.
Esto se da porque existen tres importantes sectores deficitarios: los docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) con saldo rojo al primer cuatrimestre de -39%, que se cubre en parte con los fondos de los sectores superavitarios, así como también militares, con - 77%, y policías, -58%, que se financian con los impuestos recaudados de la ciudadanía.
Los sectores superavitarios son los de funcionarios con 81%, docentes universitarios 19% y magistrados judiciales 31%. Todos estos cubren sus gastos con el aporte de los activos.
En abril, el Tesoro destinó US$ 21 millones de los fondos de emergencia, destinados al funcionamiento del Estado, para cubrir parte de las jubilaciones, ya que la recaudación cayó fuertemente por efecto de la paralización de gran parte de las actividades económicas debido a la pandemia del coronavirus o COVID-19.