Pereira fue uno de los que participaron en la preparación del informe de la comisión de control de compras por la pandemia del coronavirus, que detectó irregularidades en 32 procesos de compra hechos por el Ministerio de Salud. Cabe recordar que la cartera estatal tiene asignados US$ 530 millones por la Ley de Emergencia, de los cuales Hacienda transfirió US$ 99 millones hasta finales de mayo.
Una de las revelaciones que hizo el titular de la Secretaría Técnica de Planificación (STP) fue que en las reuniones que tuvieron las autoridades del MSP se detectó que mucho de los que se estimó comprar a inicios de marzo ya no es necesario para esta etapa de la pandemia, por lo que se tienen que redireccionar las licitaciones luego de hacer un listado de qué se necesita ahora para el sector salud.
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“Habría que cambiar el índice de qué es lo que realmente se necesita para los próximos 90 días”, sostuvo Pereira, al tiempo de asegurar que ahora “no hay margen de error” en cuanto a los plazos, que -dijo- deben ser cortos, eficientes y efectivos.
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Sobre el punto y en relación a que las empresas ofertan los mismos productos con diferentes precios a las instituciones públicas, y estas a su vez manejan diferentes precios de referencia, adelantó que están trabajando con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para determinar la fijación de precios de referencia de los mismos productos para todos los entes públicos.
Otra de las cuestiones preocupantes tiene que ver con el grado de vinculación entre los empresarios y las firmas que pujan por los llamados; es decir, muchos forman parte de los consejos de varias compañías.
Pereira contó también que se dará prioridad al plano local en cuanto a las compras que se harán para el MSP. Se priorizará la tienda electrónica de Contrataciones, que no debe tardar más de tres días en la concesión del llamado y la subasta a la baja electrónica, que demora entre 8 y 12 días. Recién después, si el ítem que se busca no se encuentra en el país, se hará el llamado por la vía de la excepción, que predominó en estos últimos tiempos y ventiló varios casos de corrupción.
“La idea es que quien pueda se presente y tenga lo que dice tener. Que sea revisable, verificable y punto”, señaló Pereira.
Esta mañana, el ministro Arnaldo Giuzzio —quien encabeza la comisión de control de las compras por COVID-19— publicó a través de su cuenta oficial de Twitter que detectaron una serie de observaciones de 32 procesos de compra por vía de la excepción. Este informe concluye con la recomendación de anular parte de los llamados.