Analizan la posibilidad de centralizar licitaciones públicas por rubro

En el marco del análisis de la reforma de contrataciones públicas, el director de la DNCP, Pablo Seitz, indicó que están analizando la posibilidad de realizar compras por rubros. El sector salud, por ejemplo, es uno de los principales candidatos a someterse al nuevo sistema, que implicaría la creación de una nueva dependencia cuya única función será llevar adelante las licitaciones de todos los hospitales y servicios públicos.

Pablo Seitz, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
Pablo Seitz, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.Pedro González, ABC Color

El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, indicó esta mañana que ya desde finales de 2018 están analizando la posibilidad de la creación de una nueva entidad que centralizaría las compras por sector y así eliminar las unidades operativas de cada institución, donde últimamente se están registrando muchas irregularidades.

Indicó que ahora volverán a instalar el asunto en el marco de la nueva reforma del sistema de contrataciones públicas y a nivel regional hay varios ejemplos, sobre todo del sector salud.

Explicó además que esta nueva dependencia funcionaría como un ente recolector de necesidades de todas las instituciones médicas del Ministerio de Salud, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Universidad Nacional de Asunción, las municipalidades y gobernaciones.

A partir de esa compilación de datos, el nuevo ente tendría que hacerse responsable de realizar la compra pública de los productos y servicios de salud para luego proveerlos a todas las instituciones.

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“Funcionaría básicamente como un consolidador de necesidades del rubro salud y sería el ente responsable de hacer la compra pública de los productos o servicios del sistema de salud, considerando sistema como el conjunto de las distintas instituciones públicas”, detalló.

Dijo que este ente podría no depender de la DNCP, pues podría crearse un nuevo ente comprador y en los ejemplos que estuvieron analizando encontraron que precisamente es una institución que tiene como única misión recabar información de las necesidades, contratar con el sector privado la cobertura de esas necesidades y encargarse de que lo que se vaya proveyendo se entregue adecuadamente a cada unidad pública del sistema.

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En otro momento, agregó que el modelo debe ser bien ajustado acorde a nuestras necesidades para luego implementarlo mediante una nueva ley. “Desde diciembre del 2018 existieron recomendaciones generales sobre consolidar en ciertos rubros las compras”, confesó sobre desde cuándo se empezó a hablar del tema.

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“Existen ya herramientas que permiten consolidar ciertas necesidades, pero no por rubros generales. Podemos hablar por ejemplo de la tienda virtual que ya permite contratar ciertos insumos de protección en forma centralizada en cuanto a operativa, sigue dependiendo la decisión de compra de cada institución pública, pero por lo menos ya tenemos un catálogo de productos con ciertas especificaciones estandarizadas”, mencionó.

Asimismo, recordó que también se ha habilitado la posibilidad de realizar compras conjuntas. “Pero no se había analizado, por lo menos con detalles todavía, la posibilidad de por imposición de la ley conjugar todas las necesidades periódicas de distintos entes públicos”, acotó.

Aseguro que esto implicaría el ahorro de costos para las instituciones públicas que cuentan con las Unidades Operativas de Contrataciones (UOC), puesto que se disminuirá la cantidad de elementos administrativos necesarios, tanto recursos humanos como materiales y financieros.

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Incentivo a industrias locales debe ser limitado

En cuanto al proyecto de ley que aumenta del 20 al 40% el margen de preferencia para las industrias locales en las compras, Seitz dijo que su institución ya realizó un análisis completo de las modificaciones que se plantean a la Ley 4.552 y derivó varias observaciones a ambas Cámaras del Congreso.

Confirmó que concluyeron que si se establece la preferencia para la producción nacional, debe estar limitada en el tiempo y asignada a productos específicos. Aclaró que en las notas enviadas no hablaron de constitucionalidad o inconstitucionalidad del proyecto de ley.

“Sí manifestamos que si bien operativamente para la Dirección Nacional de Contrataciones no hay diferencia en el porcentaje que indica la ley al momento de aplicarla, sí sería importante poder hacer una distinción por rubros, por tipos de oferentes, y analizar también la aplicabilidad de esta ley en el tiempo y en referencia a acuerdos internacionales de los cuales Paraguay es parte. Por eso habíamos solicitado que también se remita el análisis al Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Relaciones Exteriores”, resaltó sobre el punto.

Recordemos que la Cámara de Diputados quedó sin quórum ayer, poco después de iniciarse el debate sobre este proyecto de ley. La propuesta cuenta con media sanción del Senado.

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La reforma

Días atrás Seitz anunció que la DNCP iniciará una serie de charlas y conversatorios con diferentes sectores de la sociedad para reformar el sistema de contrataciones públicas, en coincidencia con el impulso a la reforma estructural del Estado que impulsa el Ejecutivo. Informó que desde esta semana enviaría invitaciones a la sociedad civil para los conversatorios sobre la reforma.

Esta reforma se inicia luego de que saltara una serie de denuncias por múltiples irregularidades en la compra de insumos médicos relacionados a la pandemia. El primero caso fue el de la Dinac, que compró tapabocas a costos muy superiores a los del mercado, este escándalo culminó con la renuncia de su titular, Édgar Melgarejo, la suspensión del contrato de compras y una investigación por parte de la Fiscalía.

Luego saltó la compra de agua tónica por parte de Petropar, supuestamente la bebida estaba recomendada para fortalecer las defensas pensando en la pandemia. Este hecho también está siendo investigado por la Justicia y la presidenta Patricia Samudio, quien también renunció al cargo, fue imputada.

El caso más reciente es el de la compra de insumos médicos a Imedic y Eurotec por parte del Ministerio de Salud, en el marco de la contingencia de COVID-19. Los equipos de protección y camas llegaron en abril y fueron rechazados en gran parte por el Ministerio de Salud debido a que no cumplían las especificaciones técnicas requeridas.

Este contrato fue rescindido luego de que la Contraloría General de la República (CGR) emitiera un informe que resalta una serie de irregularidades, apuntando a que el proceso estaba totalmente “viciado”.

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