La nota no hace referencia a la existencia de amenazas sobre los documentos o los funcionarios encargados de ellas, sino que simplemente argumenta el pedido “a fin de garantizar el cumplimiento de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia, en debidas condiciones de seguridad, considerando el carácter sensible que rodea a la información contenida en la documentación a ser difundida”.
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No es un secreto que varios políticos -sobre todo de la Cámara de Diputados- han hecho hasta lo imposible por impedir de los datos públicos, planteando incluso una acción penal en contra y al fracasar también aprobaron una ley que intenta despenalizar el falseamiento de datos en las DD.JJ., por lo que no es descabellado que esos documentos puedan sufrir alteraciones o sean destruidos.
Cabe recordar que el presidente Mario Abdo Benítez vetó totalmente el proyecto de ley que buscaba despenalizar el falseamiento de datos en las DD.JJ., con lo que el texto retorna al Congreso, donde podrían igualmente mediante mayoría absoluta de ambas cámaras hacer que se promulgue la nefasta ley.
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El proceso de transparencia de datos tuvo los bienes declarados por los funcionarios públicos llevó un largo proceso y una intensa lucha social en la Justicia, puesto que la propia Contraloría, durante la administración de Enrique García (quién renunció para no ser echado por juicio político) accionó para que dichos datos permanezcan en secreto.
Tras fallos favorables en dos instancias en favor del derecho ciudadano a acceder a datos públicos y varias apelaciones, máxima instancia judicial decidió que corresponde la liberación de dicha información.