La Contraloría General de la República (CGR) empezó ayer a divulgar las declaraciones juradas de varias autoridades nacionales como expresidentes, ministros de la Corte y legisladores nacionales, luego de una resolución dispuesta por la Corte Suprema de Justicia para el efecto. Al respecto habló con ABC Color el viceministro de la SET, Óscar Orué, sobre el trabajo que está haciendo la institución a su cargo.
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Señaló que a través del portal web de la SET ayer ya recibieron las primeras cuatro denuncias ciudadanas sobre los casos publicados. “Vamos a analizar cada una de las denuncias para ver si hay méritos suficientes como para empezar una fiscalización tributaria. Hay que tener en cuenta también -y en honor a la verdad- que hay declaraciones juradas erróneas. Recordarás que con la Ley de Emergencia de COVID-19 se publicaron algunas declaraciones juradas de autoridades, en una de ellas vimos que no declaró que pagaba impuestos, pero después nos pusimos a controlar y sí abonó”, expresó.
“En caso de que haya méritos se va a aplicar la sanción correspondiente en base a que la ley nos otorga esa potestad: en caso de omisión, es de 50%; en caso de defraudación, de hasta 100% o 300% de multa (...) Hay que ver caso por caso”, agregó.
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No obstante, señaló que normalmente la SET para hacer cruzamiento de datos no utiliza las DD.JJ. “La declaración jurada para nosotros no es determinante para aplicar alguna sanción; puede ser un indicio, una cabeza de proceso, una referencia, pero en sí la declaración jurada no sirve como instrumento para aplicar sanciones”, aclaró.
Dijo además que el organismo del Estado que tiene que corroborar la correspondencia entre los bienes declarados y lo que realmente tiene la persona es la Contraloría General de la República. “Una cosa es la declaración jurada de bienes y otra cosa es la competencia que tenemos para administrar cuestiones tributarias. Nosotros cuando asumimos hicimos más de 100 denuncias a la Fiscalía General del Estado sobre la evasión de impuestos, que también constituían hechos punibles, como producción de documentos no auténticos, etcétera. En el caso de senadores y diputados, les controlamos, les auditamos y multamos a senadores y diputados”, comentó.
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“Lo único que te puedo asegurar es que vamos a moverle el piso a mucha gente, pero no quiero entrar a dar nombres o más detalles”, aseveró.
“No es lo que (Tributación) entrará a mirar, va a aplicar la sanción en caso de que corresponda, y si los casos son más graves vamos a remitir al Ministerio Público. Imaginate que nosotros ahora necesitamos recaudar y qué mejor que hacer controles sobre personas que tienen una capacidad contributiva mayor”, acotó.
Asimismo, apuntó hacia el organismo judicial. “Nosotros vamos a cumplir nuestra función; de hecho, estamos teniendo números positivos ya en relación al COVID-19 (...) No debemos dejar de observar estos hechos porque son muy relevantes. Acá la mayor situación que nosotros tenemos que considerar como país es la impunidad: si nosotros conseguimos que la justicia ordinaria cumpla o aplique las sanciones correspondientes, los casos van a disminuirse y que las instituciones funcionen, independientemente de quienes sean las cabezas”, señaló.
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Asimismo, dijo que están trabajando en revisar si las autoridades pagaron o no sus impuestos, pero recordó la existencia de una ley que habla del secreto de las actuaciones en el caso de la SET, por lo que no puede hablar de muchas de las tareas que están realizando en varios casos específicos. “Estamos con el apoyo del señor presidente de la República (Mario Abdo Benítez), tenemos libertad para trabajar”, declaró.
“Acá hay varias instituciones que deben hacer el examen de correspondencia y ver si coinciden los ingresos que pudo haber obtenido. Si uno tiene un ahorro, lógicamente mi nivel de patrimonio tiene que tener una relación con lo que yo recibí y eso tiene que ver el contralor de la República. Hay un trabajo que estamos haciendo, creo que en poco tiempo se va a saber todo el trabajo que se está haciendo”, ratificó.
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Tras más de 24 horas desde que la Contraloría empezó a publicar las declaraciones juradas de las autoridades nacionales, ya se han detectado una serie de incrementos muy elevados. Actualmente, la persona que cuenta con mayor aumento de su patrimonio es el senador liberal Fernando Silva Facetti, con un total de 1.372%.
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Esta serie de revelaciones se dan en plena pandemia de COVID-19, por la cual el país se está endeudando por un total de 1.600 millones de dólares y una fuerte crisis económica golpea a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, lo cual a su vez ya produjo un alto índice de desempleo.